Un juez federal de Oregon dictó una medida cautelar que bloquea la entrada en vigencia de una regla del gobierno del presidente Donald Trump que requeriría que los inmigrantes demostraran que cuentan con un seguro de salud a fin de obtener una visa.
El juez de distrito de Portland, Michael Simon, dictaminó que la proclamación del Presidente “que exige a los inmigrantes legales entregar pruebas de seguro médico antes de que el Departamento de Estado emita una visa es incompatible con el INA”, en referencia a la Ley de Inmigración y Nacionalidad.
En una opinión por escrito el magistrado explicó que la norma no entrará en vigor mientras se resuelve una demanda que impugna su constitucionalidad introducida por una organización sin fines de lucro.
La regla emitida por Trump en octubre le exigiría a los solicitantes de visa verificar que están protegidos por un seguro de salud aprobado dentro de los 30 días posteriores a su entrada a Estados Unidos. Esta política está dirigida solamente a las personas que aspiran a una visa de inmigrante desde el extranjero y no a aquellas que ya se encuentran dentro del país.
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El juez Simon ya había emitido un interdicto temporal de emergencia el 3 de noviembre, justo cuando entraba en vigor la regla, en respuesta a la demanda y escuchó argumentos antes de la opinión que emitió este martes.
La demanda fue litigada por representantes del Centro de Acción de Justicia (JAC), la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA), y el Laboratorio de Derecho de la Innovación, junto con la oficina de abogados Sidley Austin LLP, quienes los representaron.
Los demandantes argumentan que la norma impediría que casi dos terceras partes de los inmigrantes elegibles recibieran la visa y también eliminaría o reduciría significativamente el número de migrantes que ingresa a Estados Unidos con visas patrocinadas por sus familiares.
La Casa Blanca había dicho que estaba en total desacuerdo con la decisión de Simon de impedir que el decreto entrara en vigencia, declarando que era “incorrecto e injusto” que un juez en un solo distrito judicial emita un fallo que frenara una política a nivel nacional.
El Gobierno sostiene que la medida es necesaria porque los proveedores de atención médica y los contribuyentes “corren con costos sustanciales en el pago de gastos médicos en los que incurren las personas que carecen de seguro médico o no tienen la capacidad de pagar por atención médica”.
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