El presidente de Colombia, Gustavo Petro, enfrenta uno de los peores escándalos a nueve meses de dejar el poder. Dos perfiles inusuales de la fuerza pública y un jefe guerrillero están detrás de las supuestas colaboraciones que enlodan al gobierno.
¿Quiénes son y qué hay detrás de este entramado?
El general Miguel Huertas y el director de inteligencia Wilmar Mejía fueron apartados de sus cargos por presuntamente intercambiar información sensible con alias Calarcá, líder de una disidencia de las FARC.
El jefe guerrillero, en negociaciones de paz con el gobierno sin avances concretos, fue requisado en un retén en 2024 donde le decomisaron teléfonos y computadores.
Una investigación periodística reveló decenas de chats hallados que dan cuenta de presuntas filtraciones de información para que los guerrilleros pudieran evadir controles militares en territorios convulsos. También sobre la creación de una empresa de seguridad que les permitiera portar armas legales incluso si las negociaciones de paz fracasaban.
Petro, envuelto en crecientes tensiones diplomáticas con la Casa Blanca, acusó a la Agencia Central de Inteligencia estadounidense (CIA) de filtrar las revelaciones y les restó credibilidad.
El mandatario pidió a la justicia hacer un “examen forense” de las pruebas, en manos de la fiscalía.
Los implicados son tres: un licenciado en deportes que escaló rápidamente a director de inteligencia; un general retirado y reintegrado al Ejército, acusado de vínculos con grupos criminales; y un rebelde que rechazó el histórico acuerdo de paz de 2016.
El licenciado en deportes
Sin experiencia militar, Mejía pasó de ser licenciado en educación física y representante universitario a director de la Dirección Nacional de Inteligencia en menos de un año.
Llegó a la institución en mayo de 2024, tras entregar “información sensible” al gobierno como informante y luego su ascenso fue vertiginoso.
En los documentos lo apodan “El Chulo” (buitre), como denominan los grupos ilegales a las personas cercanas al Ejército que podrían ser una “amenaza”, según explicó él mismo en medios.
Mejía dice cumplir con las dos cualidades imprescindibles para entrar a la inteligencia de Colombia: “generar confianza” para “pasar desapercibido” y tener “acceso” a información “privilegiada de los actores que están en ese territorio”.
“Ser agente de inteligencia no demanda de una carrera profesional en sí”, aseguró.
Mejía es además designado de Petro ante la Universidad pública de Antioquia, una combinación inusual.
Conoció al mandatario a principios de los 2000 cuando era líder estudiantil.
Medios y fuentes consultadas por la AFP señalan a Mejía como encargado de la purga de altos cargos militares durante el mandato de Petro.
Para Juana Cabezas, investigadora de Indepaz, es “evidente” su “cercanía con los grupos armados y con el gobierno”. Mejía lo niega.
El general retirado
El general Huertas fue suspendido en 2021 por el gobierno anterior tras una advertencia de la CIA sobre sus supuestos vínculos con la guerrilla del ELN, según el entonces ministro del Interior, Daniel Palacios.
Muy activo en la campaña presidencial de Petro, Huertas fue reincorporado al Ejército en agosto como líder del Comando de Personal, división que decide contrataciones y despidos.
En los archivos decomisados, Huertas está vinculado a la creación de una empresa de seguridad con apariencia legal para que las disidencias se desplazaran en vehículos blindados y portaran armas.
Mejía es “amigo” de Huertas y apoyó su reintegración, una decisión poco habitual en el Ejército.
“Me atreví (…) a abogar por él”, dijo.
Huertas niega “cualquier vínculo” con grupos ilegales.
Expertos avisan de la necesidad de comprobar “judicialmente” el escándalo.
La derecha lo “va a capitalizar y utilizar como un caballito de batalla electoral” para los comicios de 2026, dice Felipe Lopera, profesor e investigador político de la Universidad de Antioquia.
El guerrillero
El guerrillero Alexander Díaz, alias Calarcá, fue socio del hombre más buscado de Colombia hoy convertido en su peor enemigo: Iván Mordisco.
Un adversario que comparte con el presidente Petro, que compara a Mordisco con Pablo Escobar y lo arrecia con mortíferos bombardeos.
Calarcá y el gobierno mantienen las conversaciones, pero sus ataques contra la fuerza pública continúan y la disidencia se ha fortalecido en los últimos años.
Un exmilitar consultado por la AFP no descarta que el gobierno haya usado a Calarcá para llegar a Mordisco a cambio de beneficios.
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Las conversaciones se deben “meter en la nevera (detener) para poder sopesar los hechos y tomar una decisión informada”, apunta Lopera.
Organismos como la Defensoría del Pueblo cuestionan la voluntad real de Calarcá de firmar la paz.
“Ellos no piensan dejar las armas, no es su objetivo”, dice la investigadora Cabezas sobre la guerrilla financiada con narcotráfico.
La infiltración de los grupos ilegales “ha pasado en todos los gobiernos”, “es su modus operandi”.
Por AFP
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