El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, viajará este martes 1 de julio al sur de Florida para participar en la apertura oficial de “Alligator Alcatraz”, un nuevo centro de detención para migrantes que ya ha generado una oleada de críticas por su ubicación en una zona de alto valor ecológico, en pleno corazón de los humedales de los Everglades.
La visita fue confirmada por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, durante una rueda de prensa este lunes 30 de junio en la que también firmó el presupuesto estatal para el próximo ejercicio fiscal. “Cuando el presidente venga mañana, será capaz de ver que cuando llevas a gente allí, no hay forma de que escapen a ningún lado”, afirmó DeSantis, en referencia a las condiciones naturales del lugar, rodeado de caimanes y vegetación densa.
Florida is stepping up to help increase deportations and fulfill President Trump’s mandate to enforce immigration law.
Alligator Alcatraz is a secure facility in Florida that will stage criminal illegal aliens for efficient mass deportation. I gave @SteveDoocy a tour this… pic.twitter.com/jS6xK1u7Pm— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) June 27, 2025
El centro, apodado “Alligator Alcatraz” en alusión a la célebre prisión de la bahía de San Francisco que Trump ha ordenado reabrir, fue levantado en tan solo dos semanas sobre las ruinas de un antiguo aeropuerto abandonado, al suroeste de Miami. Está compuesto por decenas de carpas de gran tamaño, similares a las utilizadas durante la pandemia, y tendrá capacidad para albergar a unos 3.000 migrantes.
Según el Departamento de Seguridad Nacional, el centro requerirá una inversión operativa anual cercana a los 450 millones de dólares. La portavoz del organismo, Tricia McLaughlin, detalló que estos fondos serán destinados a infraestructura, personal de seguridad, atención médica básica y logística.
Protestas por el impacto ambiental
Pese a la rapidez en su construcción y la fuerte promoción desde el gobierno estatal, Alligator Alcatraz ha sido duramente cuestionado por autoridades locales y grupos ambientalistas. La alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, denunció que el gobierno federal pagó apenas 20 millones de dólares por un terreno cuyo valor real asciende, según sus cálculos, a unos 190 millones.
“Se están vulnerando las leyes ambientales y urbanísticas para imponer este centro de detención en una de las regiones más frágiles ecológicamente del país”, advirtió Levine Cava, quien ha exigido una auditoría federal y la paralización de futuras obras.
Además, varias organizaciones ambientalistas han presentado demandas contra el gobierno federal y el condado, señalando que la construcción vulnera normativas federales de protección ambiental. El área forma parte de los Everglades, una región declarada Reserva de la Biosfera por la UNESCO, hogar de especies en peligro de extinción y ecosistemas únicos.
Una dura política migratoria
La apertura de “Alligator Alcatraz” es el reflejo de una política migratoria cada vez más estricta en Florida, donde la administración DeSantis ha sido una de las más alineadas con las medidas federales impulsadas por Trump. El estado, a pesar de tener una alta población migrante, se ha convertido en un laboratorio de medidas de control migratorio.
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Según fuentes oficiales, ya se proyecta la construcción de un segundo centro de detención en un campo de la Guardia Nacional al suroeste de Jacksonville, en el norte del estado.
La visita del presidente Trump a Florida marcará un nuevo capítulo en su campaña por reforzar el control fronterizo y endurecer la política migratoria, una de sus principales banderas de cara al año electoral.