Las implicaciones morales y civiles que una vez evaluadas hicieron echar atrás la ya avanzada política de “tolerancia cero” en el ámbito de la política migratoria de la administración Trump, fueron las que lograron detener el proyecto que cuantificó la acción que pretendía separar a 26 mil niños de sus familias de acuerdo a un informe interno de la DHS.
La historia se ha encargado de cobrar las facturas políticas de este “impulso” éticamente cuestionado y que aun sigue horadando con su onda negativa las acciones realizadas por los funcionarios de Donald Trump al punto de que siguen apareciendo informes como el que recién divulga Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional que detalla que se estimó en mayo de 2018 que iba a separar de sus familias a más de 26 mil pequeños inmigrantes a raíz de la política de “tolerancia cero”.
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El DHS reúne a varias agencias encargadas de la inmigración en el país, entre ellos el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
La operación de separación de niños se realizó sin tener los recursos tecnológicos o la reunión sistematizada y básica del “ejercicio social” que arrancó. Fue un acto de impericia que no tenía apoyo “administrativo” y que se inició de forma totalmente descontrolada. Tal fue el desorden que aún está armando el rompecabezas de sus acciones y en la “caja negra” del proceso entró un número de niños, salieron al otro lado un cifra diferente y no saben cómo hacer el arqueo de los que como “sobrantes” desconocen sus datos.
En un informe interno, el inspector explica que decidieron auditar la efectividad de los sistemas del DHS para rastrear a los detenidos y apoyar los esfuerzos para reunificar a los menores con sus padres.
En el documento recientemente abierto a la prensa está escrito que “a comienzos de mayo de 2018, la CBP proporcionó a la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB, en inglés) estimaciones de que separaría más de 26.000 niños entre mayo y septiembre de 2018 debido a ‘tolerancia cero'”.
Según el inspector general, “previa a la implementación, DHS no abordó las deficiencias reconocidas y documentadas en 2017 que podrían potencialmente obstaculizar la capacidad de rastrear las familias separadas”.
Estados Unidos inició en abril de 2018 su polémica estrategia de “tolerancia cero” contra la inmigración, suspendida en junio de ese año debido a las enormes críticas recibidas.
Entre los hallazgos de la auditoría, el inspector apuntó que el DHS no poseía los sistemas de tecnologías de la información necesarios para rastrear a las familias inmigrantes separadas durante la ejecución de “Tolerancia cero”.
“Debido a estas deficiencias tecnológicas, no pudimos confirmar el número total de familias separadas por el DHS durante el periodo de ‘Tolerancia cero'”, agregó el informe, el cual apuntó que esa entidad calculó que los agentes de la Patrulla Fronteriza separaron 3.014 niños de sus padres mientras esa política estaba en vigor.
También, según el análisis interno, la DHS estimó que se completaron 2.155 reunificaciones de familias en respuesta a una orden judicial, y que ese esfuerzo continuó por siete meses más después de la fecha límite de julio de 2018 para reunir a los pequeños con sus padres.
Incluso, en una revisión realizada a las bases de datos del DHS durante la vigencia de la política de “Tolerancia cero” se identificaron 136 niños con posibles relaciones familiares que no fueron registrados con precisión por el CBP.
Mientras que en una inspección de los datos entre el 1 de octubre de 2017 y el 14 de febrero de 2019, identificaron unos 1.233 niños adicionales que no fueron contabilizados correctamente por la CBP.
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“A pesar de que el DHS invirtió miles de horas y más de un millón de dólares en costos de horas extra, no alcanzó su objetivo original de impedir la (política de) atrapar y liberar (‘catch and release’) a través de ‘Tolerancia cero'”, puntualizó.
El “catch and release” permite a los agentes fronterizos liberar a los inmigrantes que atrapan con la idea de que, si no suponen un peligro para la seguridad de EE.UU., pueden permanecer en libertad mientras esperan a un juicio migratorio que examine su deportación.
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