Gabi, de Minnesota, tiene grandes ojos color café, trenzas y una afección genética que hace que sus huesos sean frágiles. Se fracturan con facilidad, lo que le provoca a la niña de 2 años tanto dolor que su madre dejó su trabajo limpiando oficinas para quedarse en casa y cargarla por el apartamento de una habitación que comparten con seis familiares.
Cuando agentes federales de inmigración llegaron a su ciudad, deportaron primero al padre de Gabi y luego a su tía.
Gabi nació en Estados Unidos y es ciudadana estadounidense. Su mejor oportunidad de algún día pararse, o incluso caminar, es una cirugía compleja en las piernas y los pies que estaba programada para enero.
Pero su madre, quien está tan asustada que ni siquiera se anima a sacar la basura, y mucho menos a atravesar la ciudad hasta el hospital, canceló el procedimiento. (En este artículo, KFF Health News y NPR acordaron identificar solo parcialmente a los pacientes y a sus familias porque temen convertirse en blanco de la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump).
“Quiero más que nada, mi deseo, es que mi bebé empiece a caminar”, dijo su madre, mientras Gabi se movía en sus brazos, con una sonda de alimentación que salía de su estómago conectada a un soporte de suero intravenoso. “Pero con la situación que está pasando, cancelé la cita de cirugía porque le van a hacer cirugía en sus piernas y todas las citas de terapia física; lo cancelé todo. Porque tengo miedo de salir”.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) declaró el fin de lo que llamó Operation Metro Surge (Operación Metro Surge), llevada a cabo por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés). Aun así, trabajadores de salud dicen que los agentes de inmigración siguen apostados en los estacionamientos de hospitales. Y drones sobrevuelan zonas agrícolas en las afueras de Minneapolis, donde inmigrantes somalíes y latinos se han establecido en los últimos años.
La ofensiva en Minnesota mostró el alcance del sistema de vigilancia y detención que la administración Trump está utilizando para desarraigar a comunidades inmigrantes del país y su fuerte impacto en el sistema de salud.
Crisis de salud similares surgieron dondequiera que se concentraron oficiales de inmigración en el último año.
En Dallas, clínicas de salud pública administraron unas 6.000 vacunas a latinos en agosto pasado, la mitad que en un programa similar un año antes. En Chicago, a diario, doctores redirigieron a los pacientes de una clínica a otra dependiendo de la actividad de ICE.
En todo el país, las redadas redujeron las visitas de inmigrantes a servicios de salud.
En Minnesota, los sistemas de salud reportaron tasas de cancelación y ausencias de hasta el 60 % desde diciembre. Un vocero del DHS culpó a los manifestantes por la interrupción. “Si alguien está impidiendo que los estadounidenses asistan a citas o recojan recetas, es un agitador violento que está bloqueando carreteras, embistiendo vehículos y dañando propiedad”, dijo.
Mientras residentes de Minnesota protestaban en las calles contra el operativo, doctores y enfermeras organizaron en silencio redes médicas informales para atender a pacientes en sus casas y evitar ser detectados.
“Antes miraba a alguien a los ojos y decía, de buena fe: ‘Estarás bien en el hospital’”, dijo Emily Carroll, enfermera especializada en HealthFinders Collaborative, una clínica comunitaria en Faribault, a unas 50 millas al sur de Minneapolis. “Pero ahora no puedo garantizar eso”.
A medida que miles de agentes federales se retiran de Minneapolis, otras comunidades deben prepararse, dijo la senadora estatal demócrata de Minnesota, Alice Mann, quien es médica.
“Sé que suena extraño”, dijo, pero los proveedores de salud “necesitan empezar una red clandestina para llevar atención médica a las casas. Porque dejar que la gente muera en su hogar o que esté al borde de la muerte por miedo a ir al hospital, en 2026, es inaceptable”.
El operativo causa daños
Los médicos dicen que las visitas a domicilio pueden ser la única forma de llegar a quienes todavía se sienten bajo amenaza. En Los Ángeles, desde junio, St. John’s Community Health llevó atención médica a unas 2.000 familias inmigrantes demasiado asustadas para salir durante un operativo migratorio, después de que las ausencias a citas superaran el 30%, dijo Jim Mangia, presidente de la organización.
Muchas de las grandes instituciones de salud de Minnesota han recurrido a la telemedicina y han usado menos la atención en el hogar.
No así Munira Maalimisaq, cofundadora de Inspire Change Clinic en el vecindario Ventura Village de Minneapolis. Después de que cerca de un tercio de sus pacientes dejara de ir a sus citas, “pensé: ‘Tenemos que hacer algo’”, dijo la enfermera especializada. Entonces llamó a una amiga doctora. ¿Y si empezaran a ver pacientes en sus casas?
“Y ella dijo: ‘¿Sabes qué? Hagámoslo’”.
Ahora cuentan con unos 150 doctores, un equipo voluntario de “respuesta rápida” que ha realizado más de 135 visitas domiciliarias. Su primera llamada fue para ver a una mujer cuyo esposo había sido deportado. Estaba en casa con sus hijos, con 39 semanas de embarazo y en trabajo de parto. Maalimisaq llamó a una obstetra voluntaria y fueron a la casa.
“Tenía 8 centímetros de dilatación”, dijo Maalimisaq, “y no quería que llamáramos a una ambulancia. Decía: ‘¿Puedo tener al bebé aquí?’”.
La mujer no era una buena candidata para un parto en casa, dijo Maalimisaq. La convencieron de ir al hospital en el auto de Maalimisaq, un Tesla pequeño con asientos blancos. “Todo lo que podía salir mal, estaba ahí”.
Pero llegaron al hospital a tiempo y la mujer tuvo un parto seguro y saludable. “Si no hubiéramos estado allí, no puedo imaginar lo que habría pasado”.
En otras visitas, dijo, ha visto “personas tan estresadas que se arrancaban el cabello”. Contó que conoció a una madre que estaba racionando el medicamento anticonvulsivo de su hijo, aunque el niño había tenido “una convulsión tras otra”.
La administración Trump afirma que su operativo en Minnesota mejoró la seguridad pública. “Desde que comenzó la Operación Metro Surge, nuestros valientes agentes del DHS han arrestado a más de 4.000 extranjeros indocumentados con antecedentes penales, incluidos asesinos, violadores, pedófilos y personas extremadamente peligrosas”, dijo Tricia McLaughlin, vocera del DHS.
El DHS anunció la semana del 16 de febrero que McLaughlin dejará su cargo.
Funcionarios correccionales de Minnesota dijeron que muchas personas acusadas de delitos fueron entregadas directamente a ICE por prisiones y cárceles estatales o del condado. Y solo el 29 % de los arrestos de ICE a nivel nacional en enero fueron personas con condenas penales, según datos del DHS. Muchos menos habían sido condenados por delitos violentos.
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Agentes afuera de hospitales y clínicas
En el primer día de su segundo mandato, el presidente Donald Trump anuló una política de 2011 que prohibía la aplicación de leyes migratorias en “lugares sensibles” como iglesias, escuelas y hospitales.
En Northfield, a unas 45 millas al sur de Minneapolis, agentes del ICE han estado sentados en sus autos durante horas al menos dos veces por semana frente al hospital del pueblo, dijo Carroll. Los agentes han realizado arrestos en la zona casi todos los días, según Carroll y sus colegas.
“El ICE no realiza operativos en hospitales, punto”, dijo McLaughlin.
Una mañana reciente, tres vehículos del ICE estaban en el estacionamiento de una iglesia bautista frente a una escuela primaria en Northfield, mientras voluntarios transportaban a 35 hijos de inmigrantes hacia y desde la escuela para que sus padres no tuvieran que salir, dijo Carroll.
“El ICE no va a las escuelas para arrestar a niños; estamos protegiendo a los niños”, dijo McLaughlin.
Drones sobrevuelan la mayoría de las noches y a veces durante el día, sobre un parque de casas móviles donde viven principalmente inmigrantes que se mudaron a la zona para trabajar en agricultura y manufactura en los últimos 15 años. Las familias cubren las ventanas con papel, dijo Carroll.
“No puedes sentirte seguro en ningún lugar”, dijo. “Camino a la escuela, camino a la clínica, puedes encontrarte con el ICE. El miedo y la sensación de estar atrapados que viven estas familias son inaceptables”.
Ese miedo significa que pacientes con diabetes y enfermedades cardíacas están perdiendo controles de azúcar en sangre y de anticoagulación. No están haciendo ejercicio y las personas con enfermedades crónicas están empeorando, dijo Calla Brown, pediatra en Minneapolis.
En la clínica de Faribault, donde trabaja Carroll, el personal entrega medicamentos, comida y otras necesidades a los pacientes. Un empleado transporta cada día a 12 estudiantes de escuela media y secundaria en una camioneta de la clínica.
Algunos pacientes reciben atención en casa. Carroll diagnosticó recientemente a un bebé con influenza y les dijo a los padres que no era una amenaza inmediata, por ahora.
“‘Si ven que el bebé tiene dificultad para respirar, si no está comiendo, si no moja pañales, tienen que ir al hospital’”, contó Carroll que les dijo. “‘No puedo prometer que sea seguro. Pero tienen que ir’”.
“Somos amables entre nosotros”
En Minneapolis, la enfermera partera Fernanda Honebrink pasa la mayor parte del día llamando, coordinando y trasladándose entre un grupo creciente de personas con miedo que permanecen en sus casas. Prefiere no llamarlo una red médica clandestina.
“Es más bien así como funcionamos en Minnesota”, dijo Honebrink, ciudadana estadounidense que emigró de Ecuador hace 23 años. “Somos amables entre nosotros”.
Honebrink pasó una tarde reciente en la casa de una familia con un bebé. Sus padres, Alex e Isa, quieren que reciba vacunas y análisis de sangre en su cita de control cuando cumpla 1 año.
Pero no han salido de su apartamento en más de un mes. “No sabes qué es más importante: salir por su bienestar o salir pensando que quizás no regreses”, dijo Alex.
La pareja venezolana entró legalmente a Estados Unidos en 2024 bajo un programa llamado Humanitarian Parole, que Trump finalizó en mayo. Desde entonces, agentes federales han detenido y deportado trabajadores de una empresa donde Alex, ingeniero mecánico, trabajaba en construcción.
Han visto vehículos del gobierno afuera de su casa. Dijeron conocer a un hombre que tenía documentos de trabajo válidos, pero fue detenido cuando caminaba a la iglesia un domingo, trasladado a Texas y luego enviado en avión a Venezuela. Era una perspectiva aterradora para quienes huyeron de la dictadura y la crisis económica de ese país.
“Se siente como un ataque psicológico”, dijo Alex. “La posibilidad de ser separado de tu familia”.
Isa, abogada en Venezuela, ha sufrido depresión posparto, encerrada durante semanas en su apartamento. El programa estatal que proporcionaba seguro médico a todos los inmigrantes terminó el 1 de enero. Una terapeuta la llama ocasionalmente sin costo.
Ha intentado sostener a la familia vendiendo pasteles y collares hechos en casa y cuidando niños.
Su mayor temor es que la separen de su hijo, que nació en Estados Unidos y es ciudadano. No había considerado esa posibilidad hasta que un conocido le sugirió firmar un formulario para designar a alguien para la custodia temporal en caso de que fuera deportada.
“Fue algo que nunca imaginé”, dijo Isa, llorando al recordarlo. “¡Es mi bebé! ¡No es de otra persona! ¿Qué? ¿Mi bebé se quedaría aquí con alguien más?’’
Honebrink intervino de inmediato: “Yo me haré responsable de él. Firmaré el formulario”.
Más tarde dijo a una reportera: “Le dije a mi esposo que no haría eso. Ya he firmado como patrocinadora de cuatro niños”.
En cuanto salió del apartamento, Honebrink volvió al teléfono y coordinó con pediatras, programadores de clínicas y voluntarios locales. En pocas horas, había conseguido una nueva cita de control para el bebé y había encontrado un conductor verificado para transportar a la familia.
“Una persona blanca”, explicó Honebrink.
Dos días después, envió una foto de su pequeña victoria: el bebé de Alex e Isa con una curita en las piernas. “Recibió sus vacunas”, escribió por mensaje de texto. “Estoy muy feliz”.
Pero otras necesidades médicas no pueden resolverse con la misma rapidez. Una noche de febrero, Honebrink visitó a Gabi y a su madre con el baúl del auto lleno de toallitas húmedas, pañales y juguetes donados.
La cirugía de Gabi fue reprogramada para agosto. Su madre dijo que espera que para entonces sea seguro salir de casa.
“Antes llevaba a los niños al parque, pero ahora no salimos para nada”, dijo. “Agarran a la gente y la maltratan. Da miedo salir. ¡Ojalá que se termine pronto lo que está pasando!”.
Por: Arthur Allen and Kate Wells, Michigan Public/ KFF Health News
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