Hace dos años un miembro del Frente Nacional de México (Frena) preparó un amparo contra la inconstitucionalidad del uso de militares en labores de seguridad pública. No obstante, los documentos fueron desechados, pero se abrió con algunos juzgados federales la posibilidad de meter recurso de revisión escrito.
Pero el presidente Andrés Manuel López Obrador, la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) interpusieron un recurso de revisión; no obstante, tres jueces de un tribunal Colegiado en el estado de Michoacán lo rechazaron, por ende, Frena, a través del trabajo de sus abogados y la participación de la ciudadanía, ganó la resolución de este proceso jurídico.
La resolución fue emitida en el mes de mayo. Pero después de la movilización que tuvo la organización en julio, se alertó a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
«Nos llena de mucha alegría este gran triunfo que sin duda beneficiará al país entero y será sinónimo de motivación y esperanza para toda la ciudadanía, la cual esperamos se manifieste con una participación masiva en nuestra marcha del próximo sábado 03 de septiembre a las 10:00 am, partiendo del Monumento a la Revolución en CDMX», agregó Frena en un comunicado.
Militarización y derechos humanos
Himan Rights Watch había señalado el plan del presidente mexicano AMLO de formalizar y extender por tiempo indefinido el control militar de las tareas de seguridad pública a nivel federal, como una grave amenaza a los derechos humanos y la transparencia.
Puedes leer: Dominicanos demuestran que sí es posible cumplir el sueño americano
El 25 de agosto de 2022, el secretario de Gobernación, Adan Augusto López, anunciaba que el presidente López Obrador enviaría al Congreso una iniciativa que trasladaría formalmente el control de la Guardia Nacional —el principal organismo de seguridad pública del gobierno— de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a la Secretaría de la Defensa Nacional.
También dijo que el presidente planeaba presentar una reforma constitucional para que el cambio tenga carácter permanente y para que se elimine la prohibición de que los soldados intervengan en tareas de seguridad pública.
A principios de mes, el 8 de agosto, el presidente anunciaría que estaba explorando formas legales de transferir la Guardia Nacional al control militar, incluso mediante una orden ejecutiva.
A su vez, un sondeo de la firma Buendía y Márquez, publicado este martes en El Universal, apuntó que el 51% de los entrevistados está «muy a favor» de una mayor participación de los militares en la lucha contra el crimen organizado.
El 29% manifestó estar «algo a favor», el 10% expresó estar «muy en contra» y un 7% dijo estar «algo en contra». La encuesta también arrojó que para el 45% de los entrevistados la estrategia de seguridad de López Obrador ha hecho que México sea un país menos seguro. El 25% opinó que lo ha hecho más seguro al país, señaló el portal Expansión Política.
En cuanto a la inseguridad en el país, 44% señaló que ha empeorado, en comparación con los últimos 12 meses; 12% dijo que ha mejorado.
Noticias Newswire
