Con la finalidad de detectar inmigrantes indocumentados bajo el programa 287 (g), que capacita y autoriza a oficiales de la policías para actuar como agentes migratorios, en Florida fue suscrito un acuerdo de cooperación entre las cárceles del estado y las autoridades federales de Inmigración.
El anuncio lo hizo el gobernador Ron DeSantis, quien refirió que el propósito es participar en programas que faciliten una mayor cooperación en la aplicación de la ley de inmigración con el gobierno federal.
“Me complace que la implementación de este importante programa esté avanzando“, dijo el pasado fin de semana el gobernador del estado que posee una quinta parte de su población de origen inmigrante.
Las autoridades del estado informaron que el Departamento de Correccionales de Florida (FDC) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) firmaron un memorando de acuerdo para “mejorar la seguridad pública mediante la identificación de extranjeros criminales recibidos en una instalación correccional”.
“Asumimos nuestra responsabilidad de proteger a nuestros ciudadanos, fomentar comunidades seguras y defender el estado de derecho muy en serio”, argumentó DeSantis.
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El Centro de Recepción del Noroeste de Florida, en Chipley, en el condado de Washington, será el primero en poner en marcha el programa que establece pautas y condiciones para que ICE recopile información sobre la ciudadanía y el estado migratorio de un recluso.
También proporciona un marco para que el personal de FDC sea seleccionado, capacitado y aprobado por ICE para realizar ciertas funciones como oficiales de inmigración, tareas que son propias de personal federal.
“Esta asociación garantizará que los delincuentes extranjeros no sean devueltos a nuestras calles, aumentando la seguridad pública en todo el estado”, dijo Michael Meade, director de la oficina local de ICE en Miami.
Florida se une así a 75 agencias de aplicación de la ley en 21 estados que tienen un acuerdo actual similar con ICE.
En materia de inmigración, este año DeSantis también impulsó la puesta en marcha del sitio web E-verify. Mediante una ley se obliga a los empleadores a verificar el estatus migratorio de sus trabajadores a través de esta plataforma federal pese a la resistencia de los sectores de la agricultura y el turismo, los dos principales motores de la economía en Florida.
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