Según los resultados de un informe divulgado por el grupo pro inmigrante FWD.us, existe un proyecto de ley en Florida que obligaría a las empresas a verificar que sus empleados no sean indocumentados. Dicha medida enfrenta la oposición de los sectores de la agricultura, el turismo y la construcción que perderían unos 253.500 empleos.
La medida que está pendiente de aprobación fue una promesa de campaña del gobernador de Florida, el republicado Ron DeSantis, en sintonía con las enérgicas políticas migratorias del presidente Donald Trump. Dicho proyecto de Ley pretende lograr el cumplimiento del programa federal migratorio E-Verify entre empresas vinculadas al gobierno estatal, pero también abarcaría a las empresas privadas.
Esto se ha topado con la oposición de los sectores que motorizan la economía en el sector del turístico en Florida, que perdería unos 10.660 millones de dólares en ganancias y 1.250 millones en ingresos fiscales estatales y locales según el citado estudio.
El informe divulgado por FWD.us, que será debatido por el comité Judicial del Senado estatal, enfatiza que “los trabajadores indocumentados ya son contribuyentes importantes a la economía de Florida”.
Precisa además que de aproximadamente 700 mil indocumentados que viven en Florida, unos 440 mil están trabajando o buscando trabajo.
“Estos trabajadores aportan hasta 36.500 millones de dólares anuales en ganancias que permanecen en el estado de Florida”, agrega el documento, y destaca que una vez que se contabilizan los efectos de su presencia en el mercado laboral, hacen parte de los 868.444 empleos totales en Florida y los 3.900 millones anuales en ingresos fiscales locales y estatales.
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El informe denominado “Evaluación del impacto de la adopción obligatoria de verificación electrónica para Florida” a cargo de Rick Harper, matiza que la pérdida de empleos sería de 253.500 si los empleadores tienen que verificar el estatus migratorio de sus trabajadores.
Proyecta que las empresas de alojamiento y servicio de alimentos serán afectadas con la pérdida de más de 79 mil puestos de trabajo, seguidas de las compañías de construcción (54.500) y agricultura, comercio minorista y atención médica (10.000).
La adopción del E-Verify “transfiere parte de la carga del costo y la responsabilidad de la aplicación de la ley de inmigración a las empresas de Florida”, precisa el estudio que se fundamenta en la experiencia y el fracaso de la medida en otros estados, como California, que entre otros aspectos evidenciaron que los trabajos perdidos en agricultura no quedan en manos de trabajadores nativos.
Grupos proinmigrantes como la Red Nacional de Jornaleros (NDLON por sus siglas en inglés), señalaron que E-Verify es un abuso del Gobierno, “poco confiable y oneroso en la vida cotidiana de trabajadores y empleadores por igual”.
“Dañará enormemente a la población inmigrante de Florida al tiempo que sofocará una economía vibrante y dependiente de inmigrantes”, manifestó Cal Soto, directivo de NDLON en Twitter.
Mientras, el Partido Republicano de Florida invitó a los ciudadanos a apoyar el E-Verify y alegaron que “es justo exigir a los empleadores que cumplan con el estado de derecho y garanticen que los trabajadores que contratan sean elegibles y estén en nuestro país legalmente”.
Sin embargo, el proyecto ha dividido incluso a los legisladores republicanos, quienes dominan ambas cámaras de Florida.
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