La fiscal estatal de Florida, Ashley Moody, demandó a la Administración del presidente Joe Biden, por no informar sobre las políticas que permiten que se conceda libertad a “inmigrantes criminales” que salen de las cárceles estadounidenses.
La oficina de Moody interpuso una queja en un tribunal federal de Florida argumentando la falta de respuesta por parte del Gobierno frente a la solicitud formal de Florida hecha en marzo pasado para conocer las razones que impiden deportar a los inmigrantes que han cumplido su condena en las cárceles del país.
En un comunicado la Fiscal indicó que la actual Administración se niega a deportar a “inmigrantes ilegales peligrosos” una vez que salen de prisión, y añadió que el incumplimiento de su petición refleja que “no entregarán documentos que muestren este plan peligroso e ilegal de manera oportuna”.
En marzo pasado, cuando Moody hizo la referida exigencia, amparada en la Ley de Libertad de Información (FOIA), destacó que la Administración federal “tiene pleno conocimiento” de que prisioneros de otros países están ingresando a Estados Unidos a través de la frontera.
“Exigimos saber las razones por las que la Administración de Biden está liberando a extranjeros ilegales criminales en prisiones estadounidenses directamente al interior, en lugar de deportarlos de regreso a su país de origen”, manifestó en aquel momento la Fiscal de Florida.
En la queja, Moody demanda medidas cautelares para poder ver los registros que muestren las discusiones entre el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y el buró federal de prisiones, y en concreto saber si es que los funcionarios de la primera se negaron a tomar la custodia de los inmigrantes liberados de las prisiones.
La Fiscal floridana incluso se refirió a las recientes informaciones sobre la presunta toma de control de un complejo de apartamentos en Colorado a manos de una “pandilla criminal extranjera”, en alusión a la banda transnacional Tren de Aragua, oriunda de Venezuela, un hecho que ha sido desmentido por la Policía local.
El caso Colorado
La jefa interina del Departamento de Policía de Aurora (APD), Heather Morris, dijo a la prensa que “los pandilleros no se han apoderado” de los apartamentos The Edge of Lowry, ubicados en el límite entre Aurora y Denver. “No estoy diciendo que no haya pandilleros que no vivan en esta comunidad”, matizó la oficial.
Enfatizó que APD “hizo un esfuerzo” durante los últimos días para “asegurarnos de que la gente no pague ‘alquiler’ a los líderes o miembros de pandillas”.
Pero, según información recibida por la Coalición de Colorado por los Derechos de los Inmigrantes (CIRC), eso es exactamente lo que está sucediendo no sólo en el edificio de apartamentos mencionado, sino también en casas de la zona.
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El pasado 28 de agosto, el Departamento de Policía de Denver afirmó “no tener conocimiento” de pandilleros venezolanos amenazando a residentes de apartamentos locales, aunque confirmó que “miembros de esa pandilla han cometido crímenes en la zona”, incluyendo un violento asalto a una joyería mexicana en julio pasado.
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