En Florida la ley antiinmigrante SB1718 entró en vigor el 1 de julio de 2023 y desde entonces la diatriba en torno a ella no ha cesado. Por un lado el gobernador, Ron DeSantis, ha dejado en claro que los objetivos de la nueva legislación están enfocados en frenar la presencia ilegal de inmigrantes en el estado y evitar que organizaciones criminales y empresas se aprovechen de ello.
Por otra parte, La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), asegura que este tipo de herramientas legales son perjudiciales para las comunidades de inmigrantes. Se trataría una larga lista de crueles políticas destinadas a invadir la vida cotidiana del inmigrante y quien le rodea.
Pese al tenso panorama, un gran jurado de Florida que investiga temas relacionados con la inmigración, en fecha reciente solicitó a los legisladores estatales que se impongan nuevas restricciones, segun indica un reporte de Telemundo.
La Corte Suprema de Florida publicó un informe en su sitio web, solicitando endurecer las medidas contra las empresas que contratan extranjeros. También insistieron en una investigación a las ONG pro inmigrantes y exigieron que se establezca un impuesto en las remesas que se envían al exterior.
“Muchos floridanos son peligrosamente ingenuos y no son conscientes de la verdadera magnitud y malevolencia de la industria de la inmigración ilegal”, indica el informe de 146 páginas.
Entre las solicitudes está la de exigir a las empresas verificar los nombres de los posibles empleados a través de una base de datos federal de inmigración.
La SB-1718 estable que las compañías privadas con 25 o más empleados deben usar E-Verify para saber el estatus legal del personal. Sin embargo, el gran jurado cree que es necesaria una modificación ya que deja una brecha para que los inescrupulosos jueguen con el sistema.
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Instaron también a que se aborde y evalúe la concesión de licencias a los contratistas generales por considerar que algunas empresas utilizan a un tercero para evadir la responsabilidad de verificar la elegibilidad de los trabajadores.
“Recomendamos que los contratistas generales sean directamente responsables de garantizar que sus subcontratistas den empleo a solo trabajadores legales. En todo caso, deben estar sujetos a los nuevos requisitos de verificación electrónica de Florida”, refirieron.
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