A partir del 1 de octubre de 2025, Florida puso en vigencia un conjunto de casi 30 nuevas leyes que abarcan áreas fiscales, judiciales y sociales. La medida más destacada es la eliminación definitiva del impuesto estatal sobre la renta comercial, vigente desde 1968, junto con la implementación de sanciones más severas en delitos relacionados con homicidios vehiculares, abuso de menores y agresiones contra funcionarios públicos. También se introducen regulaciones para reforzar la protección de inquilinos frente a riesgos de inundaciones.
El impuesto estatal sobre la renta comercial nació en 1968, cuando la tasa general de ventas era del 4%. Con el paso de los años, se ajustó en paralelo al aumento de la tasa impositiva, alcanzando un 6% en 1988. Durante la última década, la Legislatura redujo gradualmente el gravamen en respuesta a la presión de grupos empresariales, dejándolo en 2% en 2024.
Con su eliminación total, las empresas se beneficiarán de un ahorro proyectado de 1.150 millones de dólares en el año fiscal que culmina en junio de 2026. Para el siguiente período, la cifra ascendería a 1.530 millones de dólares.
Mark Wilson, presidente y director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Florida, celebró la medida: “Al eliminar el impuesto sobre la renta comercial en Florida, se reducirá el costo de hacer negocios en el estado, lo que contribuirá a reducir el costo de vida”. Según Wilson, el cambio permitirá destinar cerca de 3 mil millones de dólares anuales a inversión local, capacitación laboral e innovación.
Aunque la mayoría de las leyes aprobadas durante la última sesión legislativa entraron en vigor el pasado 1 de julio, varias de las más sensibles se implementaron el pasado 1 de octubre. Entre ellas se encuentran:
HB 113: Endurece sanciones para quienes huyen de la policía y modifica la regulación de identificación de vehículos oficiales.
HB 150, “Ley del Policía Estatal”: Tipifica como delito grave de tercer grado la crueldad animal durante desastres naturales.
SB 168, “Ley Tristin Murphy”: Amplía programas de salud mental y tribunales de tratamiento para personas con enfermedades mentales en el sistema de justicia penal.
HB 253: Establece mayores penas contra quienes se hacen pasar por agentes del orden o manipulan matrículas.
HB 687: Incrementa castigos por reincidencia en homicidios vehiculares y conducción bajo influencia del alcohol, además de sancionar la negativa a someterse a pruebas de aliento u orina.
HB 777: Refuerza la legislación contra la seducción de menores, eliminando la “ignorancia de la edad” como argumento de defensa.
SB 948: Obliga a propietarios de viviendas en alquiler a informar a los inquilinos sobre riesgos y antecedentes de inundación.
HB 1049: Incrementa sanciones por acoso o represalias contra jueces y funcionarios judiciales.
SB 1386: Endurece las penas por agresiones a trabajadores de servicios públicos.
SB 1804: Establece la pena de muerte para casos de tráfico sexual de menores de 12 años o personas con discapacidad mental.
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Impacto económico y social
La entrada en vigor de estas disposiciones marca un punto de inflexión en el panorama legal del estado. Por un lado, la eliminación del impuesto comercial es vista como un incentivo para fortalecer la competitividad y estimular la inversión privada. Por otro, las reformas en materia penal y de protección social buscan endurecer la respuesta frente a delitos graves y ofrecer mayor seguridad a comunidades vulnerables.
En conjunto, las medidas representan un doble enfoque: alivio para los negocios y un marco jurídico más severo en temas de justicia y seguridad ciudadana.
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