En el estado de Florida aproximadamente el 20% de la población es inmigrante, pero a pesar de eso poseerá a partir del 1 de julio una de las mas duras leyes migratorias que, de acuerdo con sus críticos, “deshumaniza” a los indocumentados y perjudica a la economía local.
Las opiniones en contra de la ley que se han escuchado durante todo el trámite legislativo, crecieron con la llegada del texto al despacho del gobernador Ron DeSantis para su firma, algo que nadie duda que hará ya que él es su promotor.
Te puede interesar:Nueva York, el santuario de la inmigración, desbordado
Esta legislación pretende crear una frontera falsa entre Florida y el resto de Estados Unidos y su propósito es criminalizar a las personas que aún atraviesan por el complicado proceso de inmigración y a sus familias y amigos que visitan el estado, según un comentario de la directora ejecutiva de Florida Immigrant Coalition, Tessa Petit.
Por su parte, Renata Bozzetto, subdirectora de la misma organización, lamentó que “un proyecto de ley con tantos problemas y con un increíble potencial de daño haya sido acelerado y todas las enmiendas rechazadas. Este no es un problema rojo (republicano) o azul (demócrata), es un problema humano”, recalcó.
Los ataques a la ley vienen también desde el sector económico. Samuel Vílchez Santiago, director en Florida de la American Business Immigration Coalition (ABIC), advirtió en unas declaraciones emitidas cuando el proyecto de ley aún estaba en el Congreso, que dicha legislación “exacerbará severamente la aguda escasez de mano de obra en Florida” y eso perjudicará a los negocios y a los consumidores.
Te puede interesar:
“Nuestras empresas tienen una gran necesidad de trabajadores en industrias clave como construcción, hospitalidad, atención médica y agricultura que dependen en gran medida del trabajo de los inmigrantes indocumentados para mantener sus puertas abiertas”, agregó Vílchez quien como ejemplo dijo que en Florida por cada 100 puestos de trabajo abiertos solo se presentan 70 candidatos.
Así es la ley
Los aspectos claves de la ley que entrará en vigencia el próximo 1 de julio son:
- Requiere que las empresas con más de 25 empleados usen a la hora de contratar trabajadores el programa E-verify para determinar su estatus migratorio y establece multas para los infractores.
- Obliga a los hospitales que aceptan el seguro público Medicaid y a los departamentos de emergencias a recopilar datos sobre el estatus migratorio de los pacientes.
- Hace que el transporte de personas sin un estatus migratorio al estado de Florida sea un delito punible con hasta 15 años de prisión.
- Prohíbe la financiación de programas de ciudades y condados para dar tarjetas de identificación a migrantes.
- No reconoce las licencias de conducir emitidas legalmente por 16 estados y el Distrito de Columbia a los conductores sin un estatus migratorio regulado.
- Elimina exenciones de cuotas de matrícula para estudiantes inmigrantes indocumentados.
- Deroga la ley que permite ejercer la abogacía a los abogados que todavía están regulando su estatus migratorio.
- Requiere que las agencias de aplicación de la ley recolecten muestras de ADN de personas que no poseen un estatus migratorio regulado y están detenidas bajo una solicitud de detención federal.
- Asigna 12 millones de dólares para el traslado de inmigrantes a otros estados del país.