El gobierno del estado de Florida interpuso una demanda contra la Administración del presidente Joe Biden, por imponer una medida que obliga a los empleados y contratistas del Gobierno federal a vacunarse contra la COVID-19 antes del venidero 8 de diciembre.
Este jueves 28 de octubre en el marco de una conferencia de prensa, el gobernador floridano Ron DeSantis, calificó de “ilegal” dicha orden federal y refirió que se trata de una “extralimitación” que en el caso de Florida obstaculiza las políticas de empleo y en general la economía estatal.
“Lo que hace Biden es inconstitucional”, manifestó el gobernador republicano sobre la obligatoriedad impuesta por la Administración federal que ha puesto en riesgo el trabajo de miles de personas. Además refirió que vacunarse es “una opción personal”.
“El Gobierno federal está excediendo su poder y es importante para nosotros tomar una posición porque en Florida creemos que estas son opciones basadas en circunstancias individuales“, puntualizó DeSantis, quien mediante un decreto ejecutivo prohibió a las empresas en este estado exigir constancias o certificados de vacunación.
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La demanda que también fue anunciada por la fiscal estatal, Ashley Moody, ocurre luego que 21 fiscales estatales y republicanos remitieran una carta al Presidente de Estados Unidos en cuyo texto critican la obligatoriedad de vacunación contra la COVID-19 para los empleados y contratistas federales, ya que eso podría afectar la cadena de suministro.
Esta acción judicial se constituye en un nuevo episodio en el enfrentamiento que protagonizan la Administración federal y el gobernador de Florida quien además prohibió que en las escuelas sea obligatorio el uso de mascarillas como medida de prevención ante el virus. Consideran que la última palabra en esta decisión debe estar en manos de los padres de familia.
En días pasados DeSantis prometió suscribir una medida que brinde un bono de 5.000 dólares a los agentes de Policía de otros estados y en riesgo de perder su empleo a causa de la imposición de vacunarse.
Para oficiales de las policías y funcionarios de ciudades como Nueva York y Chicago es obligatorio vacunarse contra el nuevo coronavirus pues se trata de la medida más eficaz de prevención contra la enfermedad según lo han dicho los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de EEUU.
Una queja legal en contrapartida
Este mismo jueves 28 de octubre el Departamento federal de Educación interpuso una queja ante un juez administrativo con el propósito de impedir que las autoridades de estatales de Florida bloqueen la entrega de fondos a los distritos escolares de Alachua y Broward, que en contra de lo ordenado por el gobernador, obligaron al uso de tapabocas.
El Gobierno de Biden remitió a los distritos escolares de Alachua y Broward en Florida montos respectivos de 148.000 y 421.000 dólares como compensación por haber ordenado el uso de mascarillas para prevenir en los centros educativos locales la propagación de la pandemia, medidas por las que les fueron bloqueados fondos estatales.
Esta queja ocurrió un día después de que el Departamento de Educación de Florida comenzó a congelar nuevos fondos estatales a los referidos condados por cantidades equivalentes a lo entregado por la Administración federal que considera que esa acción va en contra de leyes federales.
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De acuerdo con información reciente de los CDC, Florida acumula 3.635.103 casos confirmados de COVID-19 y 58.803 decesos asociados a la enfermedad desde que comenzó la pandemia en marzo de 2020. Es el tercer estado del país con mayor número de infecciones y decesos.
Sin embargo Florida registró 15.314 nuevos casos de coronavirus en la semana del 15 al 21 de octubre que es la cifra semanal más baja desde la mitad de junio pasado, y además suma ocho semanas consecutivas en descenso de contagios.
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