De acuerdo al análisis del “Financial Transparency Score realizado por la organización no partidista Truth in Accounting (TIA), el estado de Pensilvania obtuvo una “B” (85) en el reciente reporte que califica a cada uno de los gobiernos estatales en función de su transparencia para el público en cuanto a sus finanzas.
De acuerdo al grupo de expertos que tienen sede en la ciudad de Chicago, el Estado Libre Asociado tiene espacio para mejorar, según el nuevo análisis.
El análisis del “Financial Transparency Score” de TIA tiene en cuenta una serie de indicadores de transparencia, desde si un estado utilizó a un auditor independiente para examinar su informe financiero anual exhaustivo hasta qué tan accesibles son estos informes en línea. Los criterios utilizados para calcular la puntuación de un estado se adhieren a las mejores prácticas en la contabilidad del sector privado.
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La organización basó sus calificaciones en una serie de lo que llama “indicadores de transparencia”. Estos indicadores incluyen si los estados recibieron una opinión favorable de un auditor independiente y si informan todos los pasivos de jubilación en su balance general.
“Obtuvieron una puntuación más baja, pero algo de esto es fácil de arreglar”, dijo Sheila Weinberg, fundadora y directora ejecutiva de Truth in Accounting.
Si bien ningún estado obtuvo una puntuación perfecta de 100, tres estados empataron en el primer lugar en transparencia fiscal con una puntuación de 88. Connecticut ocupó el último lugar en la nación, con un puntaje de 50.
Idaho, Dakota del Norte y Nevada encabezaron la lista de la organización, cada uno acumulando una puntuación de 88, encontró el informe. Vermont, Carolina del Norte y Connecticut completaron la parte inferior con puntuaciones de 58, 56 y 50, respectivamente.
Pensilvania fue uno de los cinco estados a los que la organización llamó por no informar sobre las obligaciones relacionadas con los sistemas de pensiones de los maestros. La organización lo hizo porque los estados proporcionan la mayor parte de los fondos para las escuelas o porque los estados financian indirectamente las contribuciones de las escuelas a las pensiones.
También dio una puntuación más baja -tres de cada cinco- por la accesibilidad basada en la facilidad con la que los residentes podían encontrar el informe. “Podrían arreglarlo fácilmente y hacer que sea más fácil para que la gente lo encuentre”, dijo Weinberg.
Por otra parte, Truth in Accounting otorgó a Pensilvania una calificación de D por su carga tributaria. La organización considera que el estado es un estado de sumidero, ya que cada contribuyente debe 17 mil 100 dólares para cubrir los pasivos del estado.
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El Estado Libre Asociado tiene US$39.7 mil millones disponibles para pagar sus cuentas por un total de US$114.7 mil millones. De los US$122.4 mil millones en beneficios de jubilación prometidos, los líderes estatales no han financiado US$40.3 mil millones en pensiones y US$24.9 mil millones en beneficios de salud para jubilados, encontró Truth in Accounting.
Las finanzas del “Estado de Keystone” son un tema candente. Un “desequilibrio estructural subyacente” en el presupuesto de Pensilvania podría tener ramificaciones duraderas para el estado, particularmente a medida que su población continúa envejeciendo, según un informe de la Oficina Fiscal Independiente.
La senadora estatal Kristin Phillips-Hill, republicana de York, encabeza la iniciativa de una enmienda constitucional que exige que todos los gastos suplementarios del gobernador se voten como un proyecto de ley separado, una medida que, según los proponentes, aumentaría la transparencia. Por otra parte, el representante estatal Ryan Warner, R-Fayette, y el senador estatal Camera Bartolotta, R-Carroll Township, presentaron la Ley de Protección al Contribuyente, una medida que, según ellos, establecería “límites de sentido común” sobre el crecimiento del gasto del gobierno estatal.
“Sin restricciones en el crecimiento del presupuesto y gastos no autorizados por el gobernador, los contribuyentes de todos los niveles inevitablemente se verán presionados por el aumento de impuestos”, dijo en un comunicado el vicepresidente y director de operaciones de la Fundación de la Commonwealth, Nathan Benefield. “Los legisladores pueden proteger a sus electores de subidas masivas de impuestos en el futuro aprobando estas reformas de sentido común ahora”.
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