La indigencia urbana en los Estados Unidos se ha transformado en una “emergencia nacional” que requiere un proyecto de ley con miras a controlar los desequilibrios en los niveles de pobreza, preocupación que ha llevado a Filadelfia a integrarse a una coalición de al menos 6 metrópolis.
Jim Kenney, el nonagésimo noveno alcalde de la Ciudad del Amor Fraternal es uno de los socios políticos del demócrata angelino Eric Garcetti y de la representante Maxine Waters, quien introdujo ante el Congreso Nacional un proyecto de ley que solicita 13 mil millones de dólares para atender el tema de la pobreza.
El presupuesto persigue desarrollar inversiones sociales direccionadas a la construcción de viviendas de apoyo, mejorar los servicios de asistencia y crear oportunidades de instrucción para pasar al ámbito productivo a las personas que ahora no tienen oportunidades.
Alineados junto al alcalde de Filadelfia, están las primeras autoridades civiles de ciudades como Los Ángeles, Austin, Boston, Honolulu, Chicago y Sacramento, quienes respaldan la iniciativa del angelino Garcetti para combatir la indigencia urbana.
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“Las personas que viven en las calles son una emergencia nacional que requiere acción federal y necesitamos que el Congreso sea parte de la solución y proporcione recursos que puedan llevar vivienda, servicios de salud y esperanza a los estadounidenses que sufren en nuestras calles”, dijo el alcalde de Los Ángeles.
La congresista por california Maxine Waters tras presentar su proyecto de ley ante el Congreso, destacó el hecho de que en el “país más rico del mundo” el problema de las personas que viven en la calle siga creciendo.
“Hoy hay más de medio millón de personas experimentando la indigencia en todo el país. Cerca de 160 mil de ellos son niños y aproximadamente 38 mil son veteranos, a los que hemos fallado en apoyar después de su servicio a nuestra nación”, indicó Waters.
Ante la situación, Lori Lightfoot, alcaldesa de Chicago, manifestó que su despacho está listo “para realizar las inversiones esenciales necesarias para expandir la vivienda accesible, los servicios sociales y el entrenamiento laboral para prevenir la indigencia, pero no podemos hacerlo solos”.
Miguel Pulido, alcalde de Santa Ana, California, aseguró que más de un 72 % de los habitantes son hispanos, y el alcalde de Boston, Martin Walsh, destacó los esfuerzos que esa ciudad ha hecho para disminuir la indigencia entre los veteranos y los “desamparados crónicos”, pero recalcó que necesita el apoyo del gobierno federal.
“Para realmente poner fin a la indigencia, necesitamos apoyar la ley que la representante Waters está proponiendo y que permite más inversión en vivienda de apoyo y ofrece los servicios que estabilizan a aquellos que son más vulnerables”, aseguró Walsh.
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La ley establece la asignación de 13 mil 270 millones en cinco años, incluidos 5 mil millones de dólares para las becas de asistencia McKinney-Vento, que tienen como fin ofrecer 85 mil nuevas unidades de vivienda permanente a los indigentes.
Asimismo, se destinan 2 mil 500 millones para una iniciativa especial del programa nacional de vivienda subsidiada conocido como Sección 8, que busca ofrecer 300 mil vales adicionales, dando preferencia a quienes viven en las calles o están en grave riesgo de quedar sin techo permanente.
Otra partida de 1.050 millones de dólares anuales durante cinco años se dedicaría al Fondo Fiduciario Nacional de Vivienda con el fin de que genere 25 mil nuevas unidades de vivienda para familias de “bajos ingresos extremos”, con prioridad para los indigentes.
Según una encuesta publicada en julio, las personas que duermen en las calles en Los Ángeles y su área metropolitana aumentaron un 12 % con respecto al año pasado por la escasez de vivienda asequible.
Esta encuesta contabilizó 58 mil 936 desamparados en comparación con los 52 mil 765 que había en 2018. Los hispanos conforman el 35 %.
El problema es de tal magnitud que los concejales angelinos Mike Bonin, Marqueece Harris-Dawson, Paul Koretz y David Ryu presentaron este mes un proyecto de ley para sancionar a los propietarios de viviendas que las mantengan vacías, “mientras decenas de miles de angelinos son forzados a vivir en las calles debido al alto costo de la vivienda”.
“Ninguna cama en esta ciudad debería permanecer vacía cuando la gente está siendo obligada a dormir en el pavimento”, dijo Bonin al formular su iniciativa ante el Concejo.
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