Filadelfia con los co-peticionarios, el Fondo de Educación CeaseFirePA y las personas afectadas por la violencia armada en Filadelfia y Pittsburgh, junto con el co-abogado Hogan Lovells y el Public Interest Law Center, presentaron su argumento oral ante la Corte Suprema de Pensilvania en el caso de Crawford contra Commonwealth, que cuestiona la constitucionalidad de las leyes de preferencia de armas de fuego de Pensilvania.
El alcalde Jim Kenney enfatizó que la Pennsylvania Uniform Firearms Act une las manos mientras se lucha contra el flagelo de la violencia armada y la pérdida de vidas sin sentido en Filadelfia.
“Para ser claros, estamos argumentando tanto sobre la base de principios como sobre la evidencia empírica que muestra que los enfoques constitucionales y de sentido común que actualmente no podemos adoptar reducirían la violencia armada en Filadelfia. Con esta demanda solicitamos al tribunal que nos permita salvar vidas y proteger a las comunidades más afectadas por nuestra crisis nacional de violencia armada”.
Durante la audiencia, la ciudad presentó su argumento sobre la actual crisis de violencia armada en Filadelfia, donde más de 1,000 personas han recibido disparos en lo que va de 2023.
Today, @PhiladelphiaGov and co-petitioners made our argument in front of the PA Supreme Court in Crawford v. Commonwealth, a case that challenges the constitutionality of Pennsylvania’s firearms preemption laws. https://t.co/xjYHLioZXq
— Mayor Jim Kenney (@PhillyMayor) September 13, 2023
Los peticionarios han obligado a la Corte Suprema de Pensilvania a revocar la desestimación del caso y a que el caso se ser remitido al Tribunal del Commonwealth para su descubrimiento y juicio.
La ciudad y los co-peticionariospresentaron esta demandacontra el estado de Pensilvania en 2020, buscando una orden judicial permanente que impida una mayor aplicación de las Leyes de preferencia de armas de fuego, para que Filadelfia y otros municipios de Pensilvania puedan implementar leyes sensatas de seguridad de armas que hayan demostrado salvar vidas. En 2022, el Tribunal Commonwealth desestimó el caso y la ciudad de Filadelfia apeló la decisión.
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Por su parte, procuradora de la ciudad, Diana Cortés, detalló que con más de 269 personas asesinadas por armas de fuego sólo este año, la violencia armada continúa traumatizando a las comunidades de Filadelfia casi a diario.
“A pesar de esto, el estado de Pensilvania no sólo se niega a actuar, sino que, mediante la aplicación de esta, ha bloqueado repetidamente a los funcionarios de la ciudad para que no implementen leyes para abordar la crisis, incluyendo ordenanzas de permiso de compra de un arma por mes, límites y protección contra riesgos extremos”.
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