Agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) allanaron cinco propiedades ubicados en el sur de la Florida en cumplimiento de órdenes en una investigación por el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse.
Los procedimientos se practicaron en las casas y oficinas de Antonio Intriago de origen venezolano, y Walter Veintemilla de origen ecuatoriano, empresarios que presuntamente financiaron el magnicidio y entrenaron a los ejecutores del asesinato, según dijeron funcionarios de Haití citados por el diario Miami Herald.
El canal de televisión WPLG Local 10 mostró imágenes aéreas de los agentes e investigadores del FBI y de Seguridad Nacional registrando la casa de Veintemilla quien es presidente de Worldwide Capital Lending Group.
BREAKING: An FBI raid is taking place Tuesday at a home in a Weston gated community. Records connect the home to a man under scrutiny for loans that may have been involved in the assassination of Haiti President Jovenel Moïse. https://t.co/HuJ4KOHtKU
— WPLG Local 10 News (@WPLGLocal10) July 27, 2021
Jovenel Moïse fue asesinado el pasado 7 de julio por un comando de asalto conformado mayoritariamente por mercenarios colombianos. Sin embargo la mayoría de los detalles que rodean esta acción violenta y descarada permanecen en las sombras pues tras el magnicidio en el país estallaron luchas políticas y violencia armada.
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Con el resultado de los allanamientos los investigadores confían en poder determinar si Intriago y Veintemilla estuvieron involucrados en el asesinato o el grado de vinculación que tuvieron así como otros crímenes.
Las autoridades haitianas vinculan a los referidos hombres al presunto complot del médico del sur de la Florida, Christian Emmanuel Sanon, para convertirse en presidente.
También alegan que Intriago, jefe de la firma CTU Security con sede en Doral, habría entrenado a un grupo de colombianos implicados en el magnicidio mientras la empresa de Veintemilla había financiado ese entrenamiento.
Por su parte el FBI señaló que los allanamientos ejecutados por parte de la institución y agentes de una agencia de el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) fueron ordenados por una corte cercana y aseguró que las labores policiales no representan “ninguna amenaza para la seguridad pública”.
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