“También estamos encerrados”, dice Cielo Paz aferrada a los brazos de su hija mientras anhela la llegada de su esposo José Medina, uno de los exsoldados que planeaba volver a su natal Colombia en julio después de combatir en Ucrania. Pero no regresó.
Medina, de 36 años, y su compatriota Alexander Ante, de 47, desaparecieron durante seis semanas tras aterrizar en Venezuela por una escala el 18 de julio.
Hoy los exsoldados son acusados de “mercenarios” ante un tribunal en Rusia y se enfrentan a una pena de hasta 15 años de cárcel, una imputación que sus allegados cuestionan.
Querían retornar juntos a sus hogares en Popayán, departamento del Cauca (suroeste). Llegaron a Caracas en un vuelo procedente de Madrid y pretendían seguir viaje a Bogotá al día siguiente, pero allí sus familiares les perdieron el rastro.
“Mamita, ya voy para allá. Me guarda sancocho (sopa típica)”, le dijo su hijo a Otilia Ante, de 78 años, esa tarde en una llamada. “Y hasta el sol de hoy, no sé nada de él”, refiere la mujer.
Los exsoldados del ejército colombiano forjaron amistad entre bombardeos, no en su natal Cauca, bastión de temidas guerrillas, sino en medio de la guerra de Rusia y Ucrania.
Su travesía para alistarse en las fuerzas ucranianas comenzó a finales del año pasado. Ante partió de Colombia en octubre y Medina, en noviembre.
El 28 de agosto, Rusia anunció su arresto, al menos hasta el 22 de octubre, en el centro de detención de Lefortovo en Moscú, donde esperan fecha para su juicio.
Sus familiares solo han podido verlos en un video gubernamental, donde aparecen esposados, y una entrevista que ambos concedieron a la cadena estatal rusa RT.
“Descansé un poquitico”, dice Otilia Ante, cuando su hijo reapareció. “Sin embargo, no… Yo quiero es verlo, que me lo dejen hablar”, pide desesperada.
Medio centenar de colombianos han muerto en Ucrania desde el inicio del conflicto en 2022, según la cancillería.
El país sudamericano es considerado una potencia militar y cantera de soldados por su conflicto armado de más de seis décadas.
Deudas y sueños
En Ucrania, Medina y Ante recibían 3.000 dólares mensuales, casi diez veces el salario base de un soldado colombiano.
Tras 14 años en el ejército, Ante trabajó en empresas de seguridad privada. Pero el año pasado, un examen visual le impidió renovar su contrato.
Cuatro meses desempleado lo empujaron a combatir en Ucrania.
“La visión de él era irse allá y sacar a mi mamá de este barrio” plagado por “pandillas, mucha drogadicción y muy peligroso”, relata Arbey Ante, su hermano.
José Medina buscaba pagar un préstamo y terminar de construir su casa. “Así fue. La acabamos de arreglar (…) Él ya venía. Yo lo estaba esperando”, dice desconsolada su esposa.
Creció en una familia fervientemente cristiana de pequeños agricultores cafeteros. “Cada momento que está pasando es como si estuvieran matándome”, dice su madre Luz Amparo Aranda.
Decepcionados y agotados, ambos solicitaron su baja del ejército ucraniano tras casi un año de feroces enfrentamientos.
“Lo que les dijeron acá en Colombia era totalmente diferente. Creo que se fueron engañados”, dice Arbey Ante.
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De Caracas a Moscú
“Amor, estamos aquí en Caracas”, reza un mensaje de Medina que llegó vía Whatsapp al teléfono de su esposa, incluyendo su geolocalización que marca el aeropuerto de Maiquetía. Después, silencio.
Como un tesoro, Arbey Ante guarda el itinerario de su hermano que apunta también hacia Venezuela. Considera que pararon en ese país “por falta de información” sobre su contexto político. Además, “los pasajes eran más económicos”.
El gobierno de Nicolás Maduro, aliado del presidente ruso Vladimir Putin, no ha comentado el caso.
“Si la cancillería de Colombia se hubiera movido, a mi esposo y su amigo los hubiéramos podido recuperar en Venezuela”, sentencia Paz, que ha tocado puertas en una decena de instituciones.
La semana pasada, la cancillería se pronunció por primera vez sobre las detenciones y dijo haber solicitado a Rusia “información sobre el estatus legal, la ubicación y el estado salud” de sus ciudadanos, incluyendo un tercer detenido de quien no se tenía registro.
Los allegados de Medina y Ante solo saben que se les asignó un defensor público, con quien no han podido comunicarse.
“Él es un gran ser humano, un gran padre (…) Es desgarrante verlo en esa situación”, dice Paz, que prefiere no exponer a su hija Alison Medina, de siete años, a las imágenes de su padre encarcelado.
“Él era casi todo para mí”, dice la niña, con voz tímida, vestido rosa y ajena a la geopolítica global. “Que me lo devuelvan”, pide.
Por: AFP
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