Florida aprobó el pasado 3 de mayo una medida que obliga a los expresidiarios de este estado a pagar multas y gastos de corte pendientes como requisito para acogerse a la restauración de su derecho al voto, que fue respaldada en las elecciones de 2018 por una gran mayoría de votantes que favorecieron la Enmienda 4.
La medida, que pasó en ambas cámaras de mayoría republicana, irá ahora a la firma del gobernador Ron DeSantis, también de ese partido.
La nueva ley busca reglamentar la enmienda constitucional en medio de críticas, entre ellas de grupos civiles y demócratas que consideran innecesaria la norma aprobada la semana pasada.
“Los republicanos se unieron como nunca antes para dificultar aún más que los ciudadanos puedan recuperar el derecho al voto”, señaló el grupo civil no partidista Nueva Mayoría de Florida.
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Lamentó que “ignoraron” la voluntad de miles de floridanos que votaron a favor de la Enmienda 4 y que incluso “niegan” con la nueva medida “la oportunidad de promover enmiendas”.
Se calcula que más de 1,4 millones de exconvictos de Florida recuperaron su derecho al voto gracias a dicho plebiscito, que no cobija a aquellos que cumplieron penas de prisión por asesinato o delitos sexuales.
Terrie Rizzo, presidenta del Partido Demócrata de Florida, lamentó que aquellos expresidiarios de bajos recursos, “los floridanos de clase trabajadora”, no podrán recuperar el derecho al voto.
La Enmienda 4 obtuvo en noviembre pasado el apoyo del 64 % de los votantes de Florida, lo que garantiza la completa restauración del derecho electoral.
Sin embargo, desde enero, el republicano Ron DeSantis, quien asumió en ese entonces como nuevo gobernador de Florida, señaló que cumpliría con dicha reforma constitucional, pero que el Legislativo estatal debía revisar antes algunos aspectos de la misma.
Hasta el pasado 31 de marzo un total de 13.412.976 personas estaban inscritas en el padrón electoral de Florida, en su mayoría demócratas (4.966.223), seguidos por republicanos (4.722.570) e independientes (3.601.942).
Por más de 150 años en Florida, a las personas condenadas por delitos graves se les ha quitado el derecho al voto como parte del castigo, según lo que indica la Constitución estatal.
A primera vista, se puede argumentar que es una penalidad apropiada dada la gravedad del crimen. El problema ocurre después, cuando estas personas cumplen sus condenas e intentan reincorporarse a la sociedad con la esperanza de volver a tener el derecho a sufragar. Pero en la Florida, eso era casi imposible de recuperar.
Con la intención de corregir esta disposición, la Enmienda 4 fue aprobada por los electores en noviembre del año pasado con un respaldo contundente: recibió casi el 65 % de los votos (más de 5.1 millones de personas).
Los votantes estaban de acuerdo con el propósito de la enmienda, que especificaba que una vez cumplida la condena, a los ex convictos se les debía restituir el derecho al voto. Más de 1.2 millones de exconvictos se verían beneficiados por esta medida, con la excepción de los que fueron condenados por violación o asesinato.
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