Un grupo independiente de expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió en días pasados que el plan de Estados Unidos para deportar a miles de personas hacia terceros países está desencadenando una “cascada de violaciones de derechos humanos”.
Desde enero de 2025, la administración de Donald Trump ha firmado acuerdos con más de 35 naciones en desarrollo —entre ellas Burundi, Libia y Sudán del Sur— para asumir el traslado de migrantes que no pueden ser devueltos legalmente a sus lugares de origen.
Los relatores especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU señalaron que esta práctica incrementa los riesgos de tortura, desapariciones forzadas y malos tratos. Asimismo, vulnera el principio consuetudinario de non-refoulement (no devolución) al obligar a diversos Gobiernos a recibir aviones cargados de refugiados expulsados del territorio estadounidense.
Hasta el momento, al menos 23.000 ciudadanos extranjeros han sido deportados bajo esta modalidad. Según el comunicado, las víctimas son enviadas a territorios con los que no guardan ningún vínculo, lo que representa una experiencia traumática que agrava los daños sufridos previamente. En otros casos, los deportados enfrentan violencia o discriminación por motivos de género, orientación sexual o activismo en favor de las libertades fundamentales.
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Los expertos concluyeron que este mecanismo allana el camino a detenciones arbitrarias, trata de personas y esclavitud. Quienes corren los mayores peligros son niños, mujeres, personas con discapacidad y defensores de derechos humanos, para quienes las consecuencias de estas expulsiones pueden resultar fatales.
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