El ex presidente de Ecuador Rafael Correa fue sentenciado por liderar la red de corrupción que entre los años 2012 y 2016 recibió “aportes indebidos” para el financiamiento de su movimiento político a cambio de adjudicar contratos del Estado a empresarios.
Correa fue condenado este 7 de abril a ocho años de cárcel como autor del delito de cohecho agravado, por el que además pierde sus derechos políticos durante 25 años, según dictaminó un tribunal de la Corte Nacional de Justicia.
El juicio, que incluye a otros veinte acusadosentre quienes figura el ex vicepresidente Jorge Glas, se desarrolló en tres salas de la mencionado Tribunal en Quito y otra adicional de la Corte provincial de la provincia de Guayas, informaron fuentes judiciales a medios locales.
Tras instalarse la vista del caso conocido como “Sobornos 2012-2016”, “la sala declaró su competencia e indicó que no existen nulidades que declarar y procede al análisis del proceso”.
La lectura de la resolución estuvo a cargo de los jueces nacionales Iván León, Iván Saquicela y Marco Rodríguez.
El ex presidente Correa (2007-2017) fue acusado por un delito de cohecho en la financiación del partido Alianza País, ante lo cual el tribunal dictaminó que sí intervino en una red de corrupción articulada bajo su Gobierno.
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El ex presidente que reside en Bélgica y es procesado judicialmente por varios casos, ha calificado “de payasada” el juicio y su defensa ha cuestionado la imparcialidad de los jueces, así como supuestas irregularidades de procedimiento en tiempo y forma.
La etapa de audiencias concluyó el pasado el 6 de marzo tras 13 días discontinuos de diligencias.
A partir de esa fecha los magistrados analizaron las pruebas presentadas por la Fiscalía y la Procuraduría, así como los argumentos de la defensa de los 21 acusados.
En las audiencias a inicios de marzo, la fiscal general Diana Salazar, acusó al ex mandatario de haber dado las órdenes para que se cometiera el delito sin necesidad de participar directamente: “Todo estaba organizado desde arriba”, dijo.
Además de la pena máxima de cárcel prescrita en la ley, Salazar consideró necesario el pago de una reparación económica que ascendería a 1.130 millones de dólares, el valor global de cada uno de los contratos que se entregaron dentro de esta trama de corrupción.
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