Una misión de Eurodiputados que acaba de regresar de Nicaragua consideró que el país centroamericano necesita con urgencia de un diálogo para la restauración de la democracia y el Estado de derecho, pero para instalarlo es imprescindible que se libere a los opositores presos y que el Estado respete los derechos fundamentales y garantice elecciones transparentes.
La delegación del Parlamento Europeo (PE) descartó la versión sostenida por el gobierno de un intento de un golpe de Estado como el factor generador de la crisis.
Los once eurodiputados de seis grupos políticos del Parlamento Europeo estuvieron del miércoles 23 al sábado 26 de enero en Managua, donde sostuvieron reuniones con representantes del Gobierno -incluido el presidente Daniel Ortega-, la oposición, la sociedad y la Iglesia, así como con periodistas y estudiantes.
“Nicaragua necesita de manera urgente recuperar el diálogo entre gobierno y oposición. Es fundamental que las dos partes negocien las condiciones para edificar una cultura de la democracia que permita una convivencia en paz y libertad”, señalaron en un comunicado.
“Desde el Parlamento Europeo (PE), pedimos al Gobierno que facilite ese diálogo con tres gestos imprescindibles: libertad provisional o casa por cárcel para los presos a la espera de juicio, que cesen las limitaciones a las libertades y el acoso a los líderes sociales, y que se permita la vuelta al país a las organizaciones internacionales de derechos humanos”, adjuntaron.
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La misión incluyó una visita a las prisiones de La Esperanza y El Chipote, lugar donde permanecen encarcelados muchos de los estudiantes detenidos tras las protestas que comenzaron en abril del año pasado.
Tras la inspección de las cárceles dijeron haber llegado “a la conclusión de que la represión desproporcionada de unas protestas pacíficas sacó a flote el malestar larvado de un pueblo que demanda más libertad y mejor democracia”.
“La respuesta de las autoridades a estas demandas ha sumido al país en una grave crisis de democracia y Estado de derecho, de libertades y derechos humanos. Los derechos a la libertad de expresión, reunión y manifestación están seriamente restringidos”, añadieron.
Igualmente, el grupo de parlamentarios descartó todo indicio de un supuesto golpe de Estado para sacar del poder al presidente Daniel Ortega, como el inicio de los brotes de violencia, manifestaciones y censura que se viven actualmente en Nicaragua. Consideraron esa explicación como una hipótesis especulativa y partidista.
“El Gobierno y sus interlocutores oficiales nos insisten en la tesis de un golpe de Estado violento, actos terroristas, violencia y sobre todo una agresión interna. No creemos en estas hipótesis”, dijo Ramón Jáuregui, vocero del grupo, quien además la contrastó con la fundamentación de las conclusiones del grupo. “No está sustentada con ninguna prueba. Por el contrario, nuestra versión coincide con lo que la mayoría de los organismos internacionales ha explicitado en documentos incuestionables”.
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