La muerte de 40 migrantes y 27 heridos en una de las estaciones migratorias de México reveló uno de los atropellos que se cometen contra quienes pretenden llegar a toda costa a Estados Unidos.
Esa tragedia se desencadenó la noche del pasado 27 de marzo cuando un migrante prendió fuego a colchones en medio de una protesta por una posible deportación, según las autoridades.
Varios migrantes habían sido interceptados en calles donde pedían dinero, vendían artículos o limpiaban autos, también con la oferta de permisos de residencia.
“No hay extintores, detectores de humo. Sí hay cámaras”, relata a la AFP Moisés Chávez, nicaragüense de 41 años, quien estuvo retenido en el mismo calabozo, un lugar maloliente de 84 metros cuadrados donde los agentes tratan con desdén a los migrantes, según su descripción.
Era la segunda vez que lo conducían a esa dependencia del Instituto Nacional de Migración (INM), donde ocurrió el siniestro en el que fallecieron 18 guatemaltecos, 7 salvadoreños, 7 venezolanos, 6 hondureños, un colombiano y uno aún por determinar.
Bajo sospecha de homicidio, la justicia libró órdenes de arresto contra tres funcionarios del INM, dos guardias privados y el migrante que habría generado el incendio.
Imágenes de la cámara de vigilancia del lugar develaron el momento en que comenzó el fuego, sin que los agentes del INM ni los vigilantes privados evacuaran a los 68 detenidos que allí se encontraban.
En el papel, este tipo de instalaciones son centros de servicio y de alojamiento para extranjeros que no pueden acreditar su permanencia legal en México. Pero eso no es así; “ahí lo tratan a uno como preso”, dice Yusleidy García, una venezolana que estuvo detenida en la Estancia Provisional de Ciudad Juárez donde había mujeres y hombres confinados en instalaciones separadas.
Te puede interesar:Tras mortal incendio México pide a EE.UU. más ayuda para migrantes
“Pasé la noche con frío, te quitan todas tus pertenencias. En la celda donde yo estaba había 150 personas” de varias nacionalidades, denunció la venezolana.
Esas condiciones contrastan con las reglas para estos lugares emitidas por el Gobierno en 2012, que ordenan alimentación adecuada, protocolos de higiene, así como “resguardo y protección de las personas y del inmueble” en caso de motines.
En las estancias provisionales, como la del incendio, los migrantes no pueden estar más de siete días. Algunos son trasladados a estaciones migratorias, donde la estadía no debe superar los 15 días para resolver su situación y recibir asistencia jurídica, pudiendo incluso ser deportados.