Desde el 13 de febrero pasado Florida comenzó a avanzar en el endurecimiento contra la inmigración ilegal con la firma, por parte del gobernador Ron DeSantis, de un paquete de leyes que aumentan las penas para delitos cometidos por personas en situación migratoria irregular.
Un ejemplo de ello es que un ciudadano estadounidense podría enfrentar hasta un año de cárcel por un robo menor, mientras que un migrante sin definición de estatus migratorio puede pasar hasta 5 años tras las rejas o pagar una multa cinco veces mayor por el mismo delito. Estas normativas (SB-2C y SB-4C) llegaron justo cuando el presidente Donald Trump desarrolla su cruzada contra la inmigración ilegal en todo el país.
En Florida, el gobernador DeSantis adoptó una línea más estricta, asegurando que el estado será “más seguro” y que su modelo inspirará a otros. Sin embargo, este endurecimiento de medidas contra migrantes irregulares va más allá de delitos menores, e inclusive alcanza los casos de asesinato en primer grado en los que la pena de muerte se convierte en obligatoria para los acusados que se encuentren sin estatus legal en el país.
La constitucionalidad de estas legislaciones se encuentra en tela de juicio pues agravar las penas fundamentándose en el estatus migratorio podría chocar con la garantía de igualdad de protección de la 14ª Enmienda de la Constitución, según lo han expresado expertos en derecho.
El caso de la pena de muerte obligatoria entra en conflicto con precedentes de la Corte Suprema ya que esta instancia ha rechazado este tipo de condena automática en el pasado. No obstante, los legisladores que impulsaron la reforma confían en que el tribunal reconsidere su postura.
Pero Florida no es el único estado que explora este tipo de legislación; existen otros como Texas, Idaho y Carolina del Sur que están evaluando proyectos de ley muy similares.
Penas más severas
Las nuevas disposiciones de carácter migratorio aplicadas en Florida elevan de forma significativa las penas para el grupo señalado de inmigrantes, inclusive si se trata de delitos menores.
Así, un robo simple que normalmente conllevaría hasta un año de prisión y una multa de 1.000 dólares, ahora podría significar cinco años de cárcel y una sanción de 5.000 dólares en caso de que el acusado no tenga estatus legal en el país.
La ley también endurece las condenas para quienes hayan sido deportados previamente y reincidan en delitos dentro del estado.
Los legisladores republicanos justifican estas medidas como un método de disuasión. “No vengan ilegalmente al estado de Florida”, declaró el representante estatal Lawrence McClure quien destacó que el propósito es reducir la presencia de inmigrantes sin documentos mediante sanciones más estrictas.
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Los críticos de las citadas leyes argumentan que estas criminalizan aún más a una población ya vulnerable y además, podrían dar pie a discriminación y violaciones de derechos constitucionales.
Uno de los puntos más discutidos de la legislación floridana es la pena de muerte obligatoria para inmigrantes sin estatus legal que cometan delitos capitales, tales como asesinato en primer grado o violación infantil.
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