Es sábado por la mañana y las mujeres de la familia Contreras en Montclair, California, preparan pupusas, tamales y tacos. Tienen que trabajar para reemplazar los ingresos de José Contreras, preso desde junio pasado en Adelanto ICE Processing Center, un centro privado de detención de inmigrantes en el sur de California.
La hija de José, Giselle, conduce una vieja furgoneta repartiendo pedidos de comida. Primero un hospital, luego un lavadero de autos, después un banco.
El padre de Giselle cruzó ilegalmente desde Guatemala hace más de dos décadas. Trabajó en la construcción hasta que los agentes lo arrestaron y lo llevaron a Adelanto. Durante tres meses, José estuvo sin su medicamento para la diabetes, contó Giselle. Ahora, los guardias se lo dan a cualquier hora del día y de la noche. Además, Giselle contó que los agentes de ICE le quitaron los anteojos para que no pueda leer documentos legales ni escribir cartas.
“Mi tía trató de llevarle gafas, pero no permiten darles nada”, dijo Giselle mientras conducía la furgoneta. “Dicen que les dan todo lo que necesitan”. Pero, “no…. no tiene gafas”.
Giselle explicó que a su padre, de 60 años, le aterroriza que lo deporten, y que el estricto ambiente de Adelanto lo ha hundido en una profunda depresión.
“Ahora sus charlas son más cortas”, dijo. “No nos habla y no pregunta ‘¿Cómo te ha ido hoy? ¿Cómo has estado?’ Siempre mira al suelo; no hace contacto visual porque está muy deprimido”.
La hermana de José, María Contreras, visita a su hermano todos los sábados. Ella le ha pedido que vea a un psicólogo en Adelanto, pero él dijo que aunque llenó una solicitud médica, no recibió ayuda. “No hay respuesta, nada”, agregó María.
Adelanto se encuentra en un desolado tramo de una carretera en el desierto, a una hora al norte de la ciudad de Riverside. Unos 2.000 hombres y mujeres están detenidos aquí. Algunos llegaron recientemente durante el aumento de cruces fronterizos. Otros vivieron en los Estados Unidos durante años, indocumentados. En la sala de visitas, adonde llegan los detenidos con pantalones holgados y blusas azules, naranjas o rojas, hay un letrero en la pared que dice: “No pierdas la esperanza”.
El Grupo GEO administra este centro, un contratista federal con sede en Boca Raton, Florida, que gestiona prisiones privadas, y que tiene un historial problemático. El año pasado, inspectores federales de la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional encontraron “sogas” hechas con sábanas en 15 de las 20 celdas. Según la inspección, los guardias pasaron por alto las sogas a pesar que un detenido se había suicidado con una sábana en 2017 y otros habían intentado suicidarse de manera similar. La auditoría concluyó que los guardias del Grupo GEO habían esposado y encadenado indebidamente a los detenidos, los habían puesto innecesariamente en régimen de aislamiento y no les habían prestado la atención médica adecuada.
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Otra investigación de Adelanto y otros centros de detención de inmigrantes en California hecha pública, en febrero, por el Fiscal General del estado, Xavier Becerra, encontró problemas similares de salud y seguridad y concluyó que a los detenidos se los trataba como prisioneros que, en algún caso, permanecían en sus celdas durante 22 horas al día, aunque no hubieran sido acusados de delito alguno. Una ley estatal aprobada en 2017 obliga al estado a inspeccionar e informar sobre el trato a los inmigrantes detenidos en California.
Los casos documentados en el informe más reciente de Disability Rights California, un grupo con supervisión jurídica para proteger a personas con discapacidades en el Golden State, son brutales: detenidos que se cortan las venas; medicamentos para la depresión que se dejan de administrar; y peticiones de sillas de ruedas y andadores que no se atienden. Un detenido afirmó que los guardias le rociaron gas pimienta cuando no se paró, y luego cuando intentó ahorcarse.
En una declaración escrita, el Grupo GEO dijo que “rechaza las alegaciones” del informe, y que las medidas recomendadas por Disability Rights California “ya estaban en vigor”.
“Estamos comprometidos a ofrecer servicios de alta calidad, culturalmente apropiados, en entornos seguros y humanos”, dijo la compañía. Un portavoz de ICE dijo, en una declaración enviada por correo electrónico, que las instalaciones de Adelanto del Grupo GEO cumplen “con la Americans with Disabilities Act”.
Pero Mario, preso en Adelanto durante seis meses en 2018, dijo que el informe describe su propia experiencia.
“Lo que ocurre es que lo que se ha dicho contra GEO y su personal médico está ahora respaldado por informes”, señaló Mario quien pidió no revelar su apellido porque está en libertad bajo fianza y sigue luchando contra la deportación. Mario tiene 32 años y cruzó la frontera ilegalmente con sus padres cuando tenía 5.
En 2017 fue condenado por un delito menor y agentes de ICE lo arrestaron en su casa en Ontario, California. En ese momento Mario veía a un terapeuta para tratar su depresión y estaba medicado. Tardó tres semanas en volver a tomar antidepresivos, dijo, y las consultas con los psicólogos de Adelanto fueron superficiales.
“Las sesiones duran de cinco a diez minutos”, explicó. “Es como una facturación rápida. Sólo te preguntan: ‘¿Cómo estás? ¿Tienes pensamientos suicidas? ¿Cuándo es tu próxima cita en corte?’ Parece algo que se hace para decir: ‘Muy bien, está hecho'”.
Mario es gay y convivía con otros tres detenidos, uno de ellos era un homosexual mexicano que solicitaba asilo. Los dos se hicieron amigos íntimos.
“Fue perseguido en México por ser gay”, contó Mario. Meses de detención “y no recibir atención de salud mental le afectó mucho”. Y se cortó las venas. Se cortó la muñeca con una hoja de afeitar. Y lo castigaron con una semana de aislamiento”.
Mario dijo que cuando su amigo regresó, parecía medicado.
“Después de eso, dormía todo el tiempo”, contó Mario. “A la hora de comer, yo lo despertaba: ‘OK, es hora de comer'”, le decía.
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Otros detenidos y abogados de inmigración describieron situaciones similares en las que psiquiatras de GEO recetan antipsicóticos que hacen que las personas duerman todo el tiempo. Según Mario, esa es una de las razones por las que se resisten a buscar ayuda. Además, al igual que a otros detenidos, le preocupaba que lo tildaran de depresivo.
“No podía expresar que me sentía triste, deprimido o ansioso porque temía que eso fuera usado en mi contra en la corte”, explicó.
Los jueces no pueden usar factores de salud mental para negar el estatus legal a un detenido, según abogados de inmigración.
Aunque el Grupo GEO anunció que los problemas apuntados en el informe de Disability Rights California hacía tiempo que se habían solucionado, en marzo los detenidos en Adelanto iniciaron una huelga de hambre. Le dieron a un abogado una nota escrita a mano que fue publicada por la Inland Coalition for Immigrant Justice, un grupo de defensa de los derechos de los inmigrantes.
La demanda principal era un acceso más rápido a una buena atención médica.
Por Sarah Varney /Kaiser Health News
Esta historia fue producida porKaiser Health News, un programa editorialmente independiente de la Kaiser Family Foundation.
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