La alcaldesa de Miami, Eileen Higgins, afirmó que la ciudad cumplirá con la ley migratoria federal, aunque dejó claro que su administración no colaborará con las autoridades migratorias más allá de lo estrictamente requerido por la normativa vigente. En declaraciones recientes, la funcionaria calificó de “inhumana” y “cruel” la forma en que se están aplicando las leyes federales de inmigración en su comunidad, una de las más diversas del país.
Higgins hizo estas afirmaciones durante su participación en el programa Face the Nation, donde integró un panel bipartidista de alcaldes de distintas ciudades de Estados Unidos. En el debate se abordó la tensión existente entre la aplicación de las políticas migratorias a nivel federal y el impacto directo que estas tienen en las comunidades locales, especialmente en aquellas con una alta población inmigrante.
“Obviamente vamos a cumplir con la ley, pero no vamos a ayudar más allá de eso”, subrayó la alcaldesa, al explicar que Miami mantiene un acuerdo de cooperación con el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) firmado antes de que ella asumiera el cargo. Revertir ese convenio, precisó, requeriría la aprobación de la comisión municipal, por lo que su gobierno ha optado por reducir la colaboración al mínimo legal.
En la práctica, esto se traduce en que solo tres oficiales han sido designados dentro de un departamento de policía que cuenta con unos 1.500 agentes para atender las solicitudes de ICE. Según Higgins, esta decisión responde a la necesidad de proteger a una comunidad que se ve directamente afectada por los operativos migratorios. “En el sur de Florida somos los más impactados”, afirmó.
La alcaldesa señaló que las acciones de ICE han generado un clima de miedo entre los residentes. Dijo recibir con frecuencia reportes de familias que desconocen el paradero de sus seres queridos tras ser detenidos y que viven con la angustia de una posible deportación. “Hay gran temor y terror en la comunidad”, expresó.
La preocupación por el TPS
Uno de los puntos centrales de su preocupación es la alta concentración de personas con Estatus de Protección Temporal (TPS) en el sur de Florida. Higgins indicó que cerca del 15% de la población del condado Miami-Dade cuenta con este estatus, lo que equivale a entre 250.000 y 300.000 personas que podrían quedar sin protección legal si se revoca el programa para determinados países.
La alcaldesa mencionó de forma específica a comunidades nicaragüenses, hondureñas, venezolanas y haitianas. Advirtió que la posible pérdida del TPS está llevando a muchas familias a ocultarse, con consecuencias directas como la ausencia de niños en las escuelas por miedo a ser detectados. También destacó el papel fundamental que estos trabajadores desempeñan en sectores clave de la economía local, como la salud, los hospitales y el cuidado de adultos mayores.
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Durante la entrevista, Higgins calificó de “innecesaria” la revocación del TPS para algunos grupos y sostuvo que países como Haití y Venezuela no ofrecen condiciones seguras para el retorno de sus ciudadanos. “Nuestra economía está en juego y nuestra humanidad está en juego”, afirmó.
Pese a sus críticas, la alcaldesa reiteró que Miami continuará cumpliendo con la ley federal. Con ello, marcó una línea clara entre la obligación legal de la ciudad y el nivel de cooperación que su administración está dispuesta a mantener frente a las políticas migratorias actuales.
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