Cuando Marcia Smith se mudó el año pasado a un pequeño pueblo en el estado liberal de Nuevo México, lo último que se cruzó por su mente es que el futuro le tenía deparada una batalla por el acceso al aborto en Estados Unidos.
Pero en abril, durante una acalorada y extensa asamblea municipal, Smith, una trabajadora social de 57 años, vio horrorizada como la comunidad de Edgewood, en el condado de Santa Fe (sur), votaba a favor de prohibir el envío por correo de las ampliamente usadas pastillas para inducir el aborto.
Los políticos locales por detrás de esta ordenanza estaban “embriagados con la atención, la admiración y la adulación de estos MAGA (acrónimo del movimiento “Make America Great Again” -Hagamos a Estados Unidos Grande de Nuevo-, del expresidente republicano Donald Trump) que dicen ser cristianos”, contó Smith.
Smith fundó el grupo “We Call 4 A Recall” (“Llamamos a una revisión”) para recabar firmas con el objetivo de bloquear la ordenanza municipal hasta que sea sometida a referendo popular.
El único que se opuso al proyecto en la asamblea municipal, Filandro Anaya, declaró a la AFP que fue llamado de “basura” y advertido que “iría al infierno”.
Luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos anuló el derecho constitucional al aborto en 2022, con un fallo que dejó a los estados en libertad de definir sus propias leyes sobre el tema y revirtiendo la protección federal que prevaleció por años en el país, Nuevo México -gobernada por demócratas- se consolidó como uno de los estados de amparo más sólido al procedimiento debido a su fuerte marco legal.
Pero para evadir esta protección del procedimiento, la comunidad rural de Edgewood, de algo más de 6.000 habitantes y en su mayoría republicana, siguió consejos de abogados del vecino estado de Texas que redactaron hace tres años una ley radical antiaborto bautizada como “Ley del latido del corazón”.
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Uno de esos abogados, Jonathan Mitchell, ahora representa a Donald Trump ante una demanda en la Corte Suprema que busca excluir al expresidente (2017-2021) de las boletas electorales por su presunta implicancia en la violenta invasión del Congreso por una multitud de sus partidarios, en enero de 2021.
Las autoridades de Edgewood “fueron hechizados por estos dos caballeros de Texas vociferando todas estas maravillosas cosas que ellos creen que pueden hacer”, sostuvo Smith.
Pero la amenaza contra el derecho al aborto continúa latente gracias a este proyecto que está específicamente pensado para extenderse a todo Nuevo México.
“Catastrófico”
Al igual que la ley de Texas, la ordenanza de Edgewood está diseñada para exhortar a los ciudadanos a aplicarla individualmente con demandas contra cualquier vecino que reciba pastillas abortivas.
Se inspira en una obsoleta ley federal de hace 150 años, que se convirtió en la nueva herramienta de quienes se oponen al aborto en Estados Unidos.
Esa normativa prohíbe el envío de material “obsceno, impúdico o lascivo” como pornografía o cualquier cosa “destinado a la prevención de la concepción o a la obtención del aborto”.
Aunque la ley casi no fue aplicada en un siglo, Mitchell les dijo a los gobernantes de Edgewood que pretendía presentar suficientes demandas en varias jurisdicciones para generar “una división de poderes que obligará a la Corte Suprema de Estados Unidos a intervenir”.
“Prohibiría de forma efectiva el aborto en todo el país, o lo dificultaría mucho incluso en estados liberales como Nueva York, California, e incluso Nuevo México”, dijo Mitchell.
Si la máxima corte del país determina que esa ley debe seguirse al pie de la letra, sería “más catastrófico” que lo previsto para el movimiento a favor de los derechos reproductivos.
Las píldoras, que no suponen riesgos significativos para interrumpir embarazos de hasta diez semanas, son en usadas en la mitad de los abortos en Estados Unidos.
Por: AFP
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