El vicepresidente de Ecuador, Otto Sonnenholzner, anunció que su país exigirá la presentación de un certificado de antecedentes penales a los ciudadanos venezolanos que deseen ingresar en Ecuador.
La iniciativa surge como reacción ante el asesinato de Diana Carolina, apuñalada por un venezolano la noche del sábado en plena calle tras pasar 90 minutos como rehén en Ibarra, en el norte de Ecuador.
“Desde hoy y en vista de que el Gobierno venezolano separó a su país de la Comunidad Andina, se requerirá para todos sus nacionales la presentación del pasado judicial apostillado”, ha explicado, según recoge el diario ecuatoriano “El Comercio”.
“Sin generalizaciones, pero con mano firme, hoy debemos diferenciar entre venezolanos que huyen del gobierno de Maduro y otros que aprovechan están situación para delinquir”, ha argumentado.
Añadió Sonnenholzner que “los controles se fortalecerán a través de un registro que nos permita conocer con mayor precisión la situación de quiénes se encuentran en el territorio nacional”.
La respuesta de las asociaciones de migrantes venezolanos en ese país no se hizo esperar y aseguraron que es “casi imposible” tramitar en Venezuela un certificado apostillado de antecedentes penales tal como lo exigirán las autoridades ecuatorianas.
Daniel Regalado, presidente de la Asociación Civil Venezolanos en Ecuador (Acve), explicó en una rueda de prensa que un venezolano se vería obligado a esperar “no menos de seis meses” en Venezuela para obtener ese documento.
Igualmente señaló su preocupación por la situación “de embudo” que generaría tal solicitud en la frontera colombiana porque “las personas que vienen en tránsito, o a establecerse en Ecuador, no van a tener la posibilidad” de obtener el documento.
Esta medida ha sido tomada mientras el país atraviesa una ola de manifestaciones xenófobas hacia los venezolanos residentes en su territorio, luego del lamentable suceso.
Y aunque la policía aseguró que “no existen ciudadanos venezolanos fallecidos o heridos producto de altercados”, el presidente de la Fundación Venezolanos en el Exterior, Eduardo Febres Cordero, denunció que 82 compatriotas suyos han sido víctimas de agresiones xenofóbicas en distintas ciudades de Ecuador.
José Colina, presidente de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex), con sede en Miami, precisó que por la acción de un delincuente “no pueden pagar ni responsabilizarse a todos los nacionales de ese país”.
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