Un juzgado de Miami-Dade mandó a la Ciudad de Doral restituir un plan de pensiones para ex funcionarios electos, tras dictaminar que el ayuntamiento habría actuado ilegalmente al rescindirlo en 2023.
El fallo ocurre en respuesta a los ex funcionarios que demandaron bajo el argumento de que sus derechos de pensión se habían consolidado y que la Ciudad no podía eliminarlos de forma retroactiva.
Sobre el veredicto, la alcaldesa de Doral, Christi Fraga, emitió una declaración en la que indica que “es muy triste que la comunidad pierda y los residentes tengan que pagar algo tan inmoral a manos de los que supuestamente están para servirles”.
Además, refirió que “este no es el resultado final, hay que apelar y seguir peleando. Es la recomendación de nuestro abogado, quien también sigue firme en que la Ciudad tiene un mejor argumento”.
El litigio tuvo su origen con la Ordenanza 21-02 aprobada en 2021, que creaba un plan de pensiones para los funcionarios electos de Doral. No obstante, en junio de 2023 la Ciudad derogó la ordenanza al señalar que el plan era inconstitucional.
Cuatro ex funcionarios, Pedro “Pete” Cabrera, Sandra Ruiz, Juan Carlos Bermúdez y Michael DiPietro, llevaron el caso a los tribunales argumentando que, al cumplir con los requisitos del plan y recibir beneficios durante casi dos años, sus derechos de pensión se habían consolidado y estaban protegidos por la Constitución de Florida.
La alcaldesa dijo además que “sabíamos que había la posibilidad de que el caso fuera a una corte de apelación que es donde en realidad estos casos deben de ir para que los jueces vayan al grano y vean el caso completo”.
El dictamen
El magistrado William Thomas falló a favor de los demandantes luego de afirmar que “los derechos de los demandantes a las prestaciones de pensión se habían consolidado en virtud del Plan creado por la Ordenanza 21-02”.
El juez destacó que la derogación del plan violaba el artículo I, sección 10 de la Constitución de Florida, que protege los derechos contractuales.
En su sentencia, el juez criticó las acciones de la ciudad de Doral al calificarlas de “perjuicio significativo e injusto” para los demandantes quienes habían planificado sus finanzas en base a las prestaciones de pensión prometidas.
De acuerdo con el fallo emitido por el juez, además de la violación constitucional también se determinó que la Ciudad habría violado las leyes estatales diseñadas para proteger las prestaciones de pensión y que los demandantes habían demostrado los requisitos para la aplicación de la excepción de “estoppel equitativo”, que impide que una parte se beneficie de su propio comportamiento injusto.
Ante esta situación, Fraga declaró que “de mi parte seguiré peleando para que nuestros residentes no tengan que pagarles un doble retiro a políticos sin siquiera haberles consultado a los residentes”.
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Como resultado, según el veredicto judicial, la ciudad de Doral deberá restablecer el plan de pensiones y pagar a los demandantes todos los beneficios atrasados, con intereses incluidos. Los demandantes podrán seguir recibiendo sus prestaciones de pensión según lo establecido en el plan original.
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