La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés) junto a Amnistía EE.UU y el Fondo de Defensa Legal, ya tienen como opción entablar un litigio contra el Departamento de Justicia de los Estados Unidos para impugnar la decisión que reinstaló a la pena de muerte como una sanción federal.
Los detractores de la pena de muerte en el país además exploran más opciones, debido a que con este giro dado por el fiscal general William Barr, creen que están frente a una situación de largo aliento que derivará en una batalla legal.
El pasado jueves el Departamento de Justicia anunció que reanudará la aplicación de la pena de muerte federal tras un período de abstención de 15 años. El anuncio lo realizó el Fiscal General al revelar que el gobierno federal ejecutará a cinco personas, sus primeras ejecuciones desde 2003.
El Departamento de Justicia anunció un addendum al procedimiento para llevar a cabo la pena capital mediante inyección letal que despejaría el camino para la ejecución de cinco hombres: Daniel Lewis Lee, Lezmond Mitchell, Wesley Ira Purkey, Alfred Bourgeois y Dustin Lee Honken.
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Cassandra Stubbs, directora del Proyecto de Pena de Muerte de la ACLU, dijo en una declaración que “bajo ninguna circunstancia se debe permitir que el Departamento de Justicia se apresure a llevar a cabo ejecuciones. La pena de muerte federal se define por los mismos problemas de prejuicio racial, disparidades geográficas, mala conducta de la fiscalía y ciencia basura que han llevado a la disminución del apoyo a la pena capital en todo el país”, dijo.
Las batallas legales probablemente se centrarán en cómo se está implementando la política: Barr indicó en el anuncio del jueves que el protocolo ya ha sido adoptado formalmente.
De acuerdo a los expertos tal política debe pasar por un período de comentarios y notificación como lo exige la Ley de Procedimientos Administrativos (APA), y el lapso se establece para que pueda ser impugnada en los tribunales.
En un trabajo periodístico publicado por Samuels y Jacqueline Thomsen del equipo editorial de The Hill, se citó la opinión sobre el particular de Robert Dunham, director del Centro de Información sobre la Pena de Muerte. Él dijo que “cuando se trata de un asunto tan grave como la pena de muerte, es importante que los gobiernos que tratan de aplicarla cumplan la ley”(…) “En la medida en que no lo hacen, eso socava la confianza en el sistema. Pero peor que eso, socava la fe en la legitimidad del castigo”.
Inyección letal en la mira
Los fármacos utilizados en los diferentes estados donde aún se aplica la pena de muerte, comprometieron su idoneidad debido al registro de casos donde la aplicación de la inyección letal fue fallida.
El caso que cobró más relevancia fue el ocurrido Georgia con el reo Clayton Lockett, un preso que agonizó durante 43 minutos después de que le suministraran una inyección defectuosa el 29 de abril de 2014 en Oklahoma y cuyo casó suscitó mucha polémica en el país.
Frente a esta situación los detractores de la pena de muerte han planteando otras preocupaciones sobre la nueva forma de inyección letal que el gobierno federal utilizará en las ejecuciones previstas.
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Barr dijo en el anuncio del jueves que las autoridades federales adoptarán un método de una sola droga durante las inyecciones letales, usando el químico pentobarbital. La misma droga es usada por otros estados en sus propias ejecuciones, incluyendo Texas, Georgia y Missouri.
Megan McCracken, consejera de la Clínica para la Pena de Muerte de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Berkeley, dijo que los detalles limitados sobre cómo se comprará, almacenará y utilizará el medicamento suscitan preocupación sobre la seguridad del proceso.
“Lo que sin duda vemos es que cuando hay secretismo o falta de transparencia, se producen ejecuciones chapuceras”, dijo. “Esa es una consecuencia predecible de este tipo de prisa y este tipo de falta de transparencia.”
Sin embargo, McCracken no descartó la posibilidad de que las autoridades sean entrenadas a tiempo para llevar a cabo adecuadamente las próximas ejecuciones, diciendo que es posible siempre y cuando los funcionarios federales comiencen a trabajar para alcanzar esa meta con relativa rapidez.
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