Un instrumento legal para colocar en estado de sumisión a los tenedores de marcas comerciales de Cuba, pertenecientes a estadounidenses o personas actualmente exiladas a quienes les fueron arrebatadas propiedades tras la toma del poder de la Revolución Cubana, está en trámites de aprobación del Congreso.
En evento separado líderes del exilio y de la oposición interna cubana pidieron en una carta pública al presidente de EE.UU., Donald Trump, implementar “plenamente” una ley que permita demandar a compañías extranjeras que usan bienes expropiados por la Revolución para “asfixiar” al Gobierno de Cuba.
En torno a este asunto dos senadores presentaron recientemente un proyecto de ley que pretende prohibir a los tribunales de Estados Unidos reconocer las marcas comerciales de Cuba que fueron expropiadas tras la Revolución cubana.
En caso de ser aprobada, esta legislación “protegería los derechos” de los empresarios a quienes el Gobierno de Fidel Castro (1959-2008) les confiscó sus bienes, a menos que el propietario original de la marca hubiera dado su consentimiento expreso, según los senadores Bob Menéndez, demócrata, y Marco Rubio, republicano.
Orlando Gutiérrez, de la Asamblea de la Resistencia Cubana, una coalición de grupos del exilio en Miami, señaló en una rueda de prensa que se trata de propiedades “robadas usadas indebidamente por organizaciones internacionales, multinacionales para beneficiarse”.
El opositor Jorge Luis García Pérez, más conocido como “Antúnez”, instó a Trump a activar “cuanto antes” el Título III de la Ley Helms Burton de 1996, que permite a estadounidenses y cubano-estadounidenses despojados de bienes iniciar demandas en cortes de Estados Unidos.
Sin muchos contratiempos el secretario estadounidense de Estado, Mike Pompeo, añadió cinco compañías cubanas a la lista de empresas que pueden ser demandadas en Estados Unidos por supuestamente beneficiarse de propiedades que fueron expropiadas tras la Revolución cubana.
En un comunicado, el Departamento de Estado informó de la actualización de la lista, cuyos cambios entrarán en vigor a la fecha de publicación en el Registro Federal, el diario oficial del Gobierno.
Según un borrador de la disposición que será publicada, las empresas incluidas en esa lista son: un local en Varadero y cuatro propiedades de la cadena cubana de establecimientos turísticos Gaviota, entre los que se encuentran los hoteles Habaguanex, Playa Gaviota y Manzana de Gómez.
De acuerdo a lo expresado por los senadores Bob Menéndez y Marco Rubio, ambos de origen cubano, “La expropiación de activos por parte del Gobierno cubano es, y será siempre, un delito”.
Por su parte, Rubio consideró que “el régimen comunista cubano se ha beneficiado durante 60 años de propiedades robadas que legítimamente pertenecen a los estadounidenses”.
“Este proyecto de ley bipartidista garantiza que los tribunales de EE.UU. no reconocerán, impondrán ni validarán de ninguna otra forma los derechos de marcas comerciales de empresas o activos robados por el régimen cubano”, aseveró el senador por Florida.
Al mismo tiempo, dos miembros de la Cámara Baja, Debbie Wasserman-Schultz y John Rutherford, presentaron una legislación complementaria.
El anuncio de estas propuestas de ley en el Senado y la Cámara de Representantes llega después de que el Gobierno de EE.UU. decidiera a principios de mes que los cubano-estadounidenses podrán demandar a más de 200 entidades de Cuba por supuestamente beneficiarse de las propiedades que fueron expropiadas tras la Revolución cubana.
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