En días pasados el gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó dos extensas leyes migratorias que endurecen las condiciones de los inmigrantes irregulares en este estado facilitando la aplicación de la agenda de deportaciones masivas del presidente Donald Trump.
Los proyectos legislativos establecen penas más rigurosas para los inmigrantes indocumentados que cometen delitos, requisitos de aplicación más estrictos para los funcionarios locales y cambios en el refutado programa estatal de transporte de migrantes, que determinan que el gobernador ya no tendrá poder unilateral para autorizarlos.
Uno de los aspectos más discutidos que forman parte de las leyes firmadas hace dos semanas, está relacionado con el establecimiento de forma automática de la pena de muerte para los inmigrantes irregulares que sean declarados culpables de un delito capital, tales como homicidio o abuso sexual de un niño.
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Según las consideraciones de algunos especialistas, este aspecto seguramente afrontará batallas legales debido a que, como señalaron algunos legisladores demócratas en el pleno de ambas cámaras, la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó hace varias décadas que las “sentencias obligatorias” y sin discreción del jurado eran inconstitucionales.
Dichas leyes, aprobadas en el marco de una sesión extraordinaria del Legislativo estatal el pasado 13 de febrero, contemplan asimismo la creación de una Junta Estatal de Control de Inmigración, que estará conformada por el gobernador, el comisionado de agricultura, el fiscal general y el director financiero del estado de Florida.
Esta junta coordinará acciones legales y de seguridad con agencias federales y dispondrá de un fondo de 250 millones de dólares para distribuir entre las fuerzas de seguridad locales que contribuyan con los esfuerzos federales en esta área, con el propósito de estimular la cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Se establecen nuevos delitos
Los textos precisan la creación de nuevos delitos estatales por entrada o reingreso ilegal a Florida, elevando el conducir sin licencia a un delito grave para inmigrantes indocumentados.
Igualmente, tipifica como delito el ingreso a este estado de indocumentados mayores de 18 años que entran a Florida “después de entrar a Estados Unidos eludiendo o evitando el examen o la inspección de los agentes de inmigración”, y estarán sujetos a una pena carcelaria de nueve meses.
Además, se eliminan las matrículas como residentes de los estudiantes indocumentados en universidades públicas del estado, y todas las oficinas de los alguaciles tienen hasta abril para enrolarse en el programa federal 287 que confiere autoridad a los agentes locales para realizar tareas propias de las agencias federales de inmigración.
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“Hoy, la Legislatura de Florida ha aprobado la legislación más fuerte para combatir la inmigración ilegal de cualquier estado en todo el país”, aseguró DeSantis en una rueda de prensa minutos antes de firmar los proyectos de ley. En esta ocasión estuvo acompañado por el presidente del senado, Ben Albritton, y el titular de la Cámara Baja estatal, Daniel Pérez.
La firma de las citadas leyes supone el cierre de semanas de desacuerdos entre el gobernador y los legisladores estatales, a raíz de las reformas migratorias, las cuales merecieron la convocatoria de hasta tres sesiones especiales.
Noticias Newswire
