¿Puede un organismo católico encargado por una alcaldía de elegir familias de acogida para niños excluir a las parejas homosexuales en nombre de sus convicciones religiosas?
La Corte Suprema de Estados Unidos examina el miércoles esta delicada cuestión.
El caso tendrá, además, un valor de prueba para la jueza Amy Coney Barrett, nombrada por Donald Trump.
Su llegada al alto tribunal, apenas una semana antes de las elecciones presidenciales fortaleció la mayoría conservadora de la Corte, ahora de seis magistrados sobre nueve.
Barrett podría influir en el resultado de la guerra judicial que mantienen desde hace años los partidarios de una lectura extensiva de las libertades religiosas y los defensores de las minorías sexuales.
El último caso en el centro de esta batalla se remonta a marzo de 2018, cuando la ciudad de Filadelfia supo que uno de sus colaboradores en ayuda a la infancia, la agencia Catholic Social Services (CSS), rechazaba llevar a sus menores a los hogares de parejas del mismo sexo.
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La alcaldía demócrata decidió entonces no confiarle más niños.
«Filadelfia pide que una agencia religiosa (…) hable y actúe de acuerdo a las creencias de Filadelfia», afirmó la denunciante en un argumento transmitido a la Corte, estimando que la decisión viola la primera enmienda de la Constitución, que garantiza la libertad de religión.
La demandante recibió el apoyo de decenas de iglesias, diputados del Congreso y estados del conocido como Cinturón de la Biblia, pero también del gobierno republicano de Donald Trump, para quien Filadelfia muestra “hostilidad” frente a la religión.
La alcaldía, igualmente, recibió numerosos apoyos. Entre ellos el de la potente organización de defensa de derechos cívicos ACLU, que alertó sobre las consecuencias de una posible victoria de la agencia católica.
La Corte se pronunciará en 2021.
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