A las adolescentes de República Dominicana “se les niegan sus derechos sexuales y reproductivos”, incluido el acceso a un aborto seguro, denunció Human Rights Watch (HRW) en un informe publicado este martes, donde insta a las autoridades a implementar un nuevo plan de educación integral en sexualidad.
En el documento de 55 páginas titulado “Sentí que el mundo se venía abajo: Salud y derechos sexuales y reproductivos de las adolescentes en República Dominicana”, se aboga por despenalizar el aborto para frenar el embarazo adolescente no deseado y reducir el aborto inseguro.
El texto documenta cómo las autoridades “han postergado el lanzamiento de un programa de educación en sexualidad largamente esperado, dejando a cientos de miles de adolescentes sin información científica precisa sobre su salud”, reseña la agencia de noticias EFE.
República Dominicana tiene la tasa más alta de embarazos adolescentes en América Latina y el Caribe, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), y la prohibición total del aborto significa que una adolescente que se enfrenta a un embarazo no deseado debe continuar ese embarazo en contra de su voluntad u obtener un aborto clandestino, a menudo poniendo en grave riesgo su salud e incluso su vida.
“Las niñas deben estar preparadas con la información y los servicios de salud para prevenir embarazos no deseados y tomar decisiones informadas sobre sus cuerpos y relaciones”, dijo Margaret Wurth, investigadora sobre Derechos de la Mujer de HRW.
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El informe se basa en entrevistas a 30 niñas y mujeres que quedaron embarazadas antes de cumplir los 18 años, y a decenas de personas, incluidos estudiantes, jóvenes LGBT, proveedores de atención médica y servicios sociales, así como expertos en el tema.
La alta tasa de embarazos de adolescentes en República Dominicana “es una consecuencia de la inadecuada educación en sexualidad del país y la necesidad no cubierta de anticoncepción”.
Los datos de Salud Pública muestran que el 20,5 % de las dominicanas de 15 a 19 años de edad quedan embarazadas en la adolescencia y la mayoría de estos embarazos no son planeados ni deseados.
Además, el hecho de que las leyes tipifiquen como delito el aborto crea un temor generalizado y empuja al aborto en la clandestinidad.
Expertos internacionales en derechos humanos han concluido que negar el acceso al aborto “es una forma de discriminación y pone en peligro una serie de derechos humanos”, y desde las Naciones Unidas se insta a los Gobiernos a proporcionar a los estudiantes una educación sexual integral, desde una edad temprana.
El derecho internacional establece que las menores tienen derecho a acceder a información sobre salud sexual y reproductiva, igual que la legislación dominicana, pero el país se encuentra bajo escrutinio internacional por no proporcionar en las escuelas una educación sexual, científicamente precisa y basada en los derechos.
En 2015 las autoridades anunciaron planes para incorporar la educación integral en sexualidad en el currículo nacional y desarrollaron materiales para educadores y orientadores, pero la Junta Nacional de Educación no ha aprobado el nuevo enfoque para que pueda implementarse en todo el país.
Una orden departamental del Ministerio de Educación de mayo de 2019 ordena la creación de una política de género, y el sistema educativo podría requerir que las autoridades proporcionen una educación integral en sexualidad, pero queda por ver si esta estrategia se implementará de manera efectiva para garantizar los derechos de las adolescentes.
Muchos adolescentes pasan apuros para obtener servicios de salud confidenciales y no estigmatizantes, y algunos no tienen acceso a servicios importantes de salud sexual y reproductiva, como la anticoncepción.
Una encuesta del Ministerio de Salud de 2013, los datos más recientes disponibles, encontró que el 27 % de las jóvenes de 15 a 19 años de edad, y el 21 % de 20 a 24 años tienen necesidades de anticonceptivos no cubiertas.
Algunas de las madres jóvenes entrevistadas sufrieron complicaciones durante el embarazo o el parto, resultando muertos los bebés en algunos casos.
Las estudiantes embarazadas “a menudo pasan dificultades para continuar su educación, y para otras es simplemente imposible”.
Algunas dijeron que se enfrentaron a actitudes discriminatorias por parte de maestros o administradores escolares, por lo que abandonaron la escuela durante el embarazo o después del parto y “algunas nunca regresaron”, dice el texto.
República Dominicana debe despenalizar el aborto, implementar planes para proporcionar una educación integral en sexualidad en las escuelas y abordar otras barreras que ponen en peligro los derechos sexuales y reproductivos de las niñas, concluye el informe.
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