Un sindicato de Estados Unidos presentó una demanda judicial contra el gobierno del condado de Miami-Dade al considerar que no ha protegido de la COVID-19 a sus operarios de autobuses y trenes pese al aumento de contagios y muertes en Florida, en su mayoría ocurridos en este condado sureño.
En la demanda, el Sindicato de Trabajadores del Transporte de Estados Unidos indica que aunque hay confinamiento, aún movilizan a 1,3 millones de pasajeros al mes. Miami-Dade lidera el número de casos estatales confirmados del nuevo coronavirus.
La organización sindical señala que los transportistas no han recibido “el equipo de protección personal suficiente” pese a que el condado “tiene suministros adecuados”.
Durante la pandemia estos empleados “arriesgan su propio bienestar en la primera línea del transporte de trabajadores esenciales, incluidos algunos de los residentes más vulnerables del condado”, dice la querella.
La demanda recuerda que según el Instituto de Mediciones y Evaluaciones de la Salud, Florida aún está “a casi tres semanas de alcanzar su número máximo de muertes por día, suponiendo que el distanciamiento social total siga vigente hasta mayo”.
Te puede interesar:Ordenan demarcación de distancia en establecimientos comerciales de Miami-Dade
La acusación del sindicato es contra Alicia Bravo, directora de Transporte y Obras Públicas del condado de Miami-Dade, a cargo de los servicios de autobuses y trenes conocidos como Metrobus, Metrorail y Metromover.
Señala que Bravo tampoco ha proporcionado a los empleados de tránsito suficientes productos de limpieza para desinfectar los espacios de trabajo.
Según el sindicato, los operadores y conductores de autobuses entran en contacto cercano con decenas de miles de pasajeros al día lo que aumenta el riesgo de que contraigan el nuevo coronavirus.
El sindicato pidió una investigación sobre cómo el condado distribuye su inventario de protección, y que incluya la descripción del trabajo, la raza y el origen étnico del operario.
De igual forma urgió el nombramiento de un inspector general de seguridad “con capacitación científica” para revisar el cumplimiento de las medidas de seguridad e informar públicamente sobre las fallas diarias que se presenten.
Según la demanda, Bravo redujo la cantidad de asientos disponibles para los pasajeros marcando los asientos del autobús con una “X”, pero no estableció cómo hacer cumplir la medida.
