Diversas organizaciones que defienden los derechos humanos y de los migrantes presentaron una demanda contra el gobierno de Trump para lograr acceso a los inmigrantes recluidos en la base militar de Guantánamo en Cuba, según información difundida mediante un comunicado.
Por orden del presidente estadounidense, esta instalación se está preparando para poder recibir a 30.000 migrantes en situación irregular. De acuerdo con la Casa Blanca los primeros vuelos a la base comenzaron el 4 de febrero y transportaban a algunos miembros de la banda delictiva venezolana Tren de Aragua, declarada una organización terrorista por Trump.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), el Centro de Derechos Constitucionales y el Proyecto Internacional de Asistencia a Refugiados (IRAP) presentaron la demanda en nombre de varios familiares de migrantes detenidos en Guantánamo y cuatro proveedores de servicios legales.
Lee Gelernt, miembro de la ACLU ha dicho que con el envío de migrantes “a una isla remota aislada de abogados, familiares y del resto del mundo, la Administración Trump transmite su señal más clara de que el estado de derecho no significa nada para ella”.
Las citadas organizaciones se quejan de que el Gobierno no ha informado cuánto tiempo estarán recluidos en Guantánamo los migrantes, en qué condiciones están y si podrán comunicarse con sus familias y abogados.
El presidente Trump dijo que enviará a la isla a “criminales”, pero su Gobierno considera como criminales tanto a los delincuentes como a las personas que entraron en Estados Unidos sin visa ni autorización.
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“La detención de migrantes en Guantánamo amenaza con crear un precedente peligroso en el que el gobierno de Estados Unidos puede transferir sistemáticamente a las personas que buscan asilo a instalaciones en alta mar”, indica en el comunicado el director jurídico de la organización RAICES, Javier Hidalgo.
Trump afirmó públicamente que enviaría de buena gana a “criminales reincidentes”, incluidos ciudadanos estadounidenses, a otros países, como El Salvador, que se ofreció a acogerlos. Una idea que podría chocar con los tribunales.
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