El mismo día que entró en vigor la ley migratoria SB1718 de Florida, el pasado 1 de julio, un grupo de organizaciones civiles anunciaba la presentación de la primera demanda, por ahora, en contra de esta nueva legislación por considerar que viola “los derechos fundamentales” de las personas radicadas en este estado.
Las organizaciones proinmigrantes Southern Poverty Law Center, Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) seccional Florida, Americans for Immigrant Justice y American Immigration Council, argumentan en su demanda que la “discriminatoria” ley SB1718 representa una amenaza para los derechos y el bienestar de cada individuo en el estado, no solo para los inmigrantes.
“Este ataque a nuestras comunidades de inmigrantes no prevalecerá. Diseñada a propósito para infligir crueldad, la SB1718 es inconstitucional y socava nuestra democracia”, dijo el abogado supervisor sénior del Proyecto de Justicia para los Inmigrantes del Southern Poverty Law Center, Paul Chávez.
La demanda fue presentada contra el gobernador de Florida, Ron DeSantis, en nombre de varias personas y de la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida.
La ley que es vigente desde el sábado 1 de julio, sanciona de forma severa a la inmigración irregular y a las empresas y personas que proporcionen empleo o ayuden a los inmigrantes indocumentados.
La nueva legislación fue promovida por el gobernador republicano, quien participara en las elecciones primarias de su partido con miras a ser candidato en los comicios presidenciales de 2024. DeSantis ha desarrollado su campaña electoral sobre la lucha contra la inmigración irregular.
Los demandantes argumentan que la ley no solo vulnera los derechos fundamentales de las personas en Florida, sino que socava la riqueza cultural y las contribuciones económicas de los inmigrantes.
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De forma específica, la demanda se centra en las disposiciones de la Sección 10, que criminaliza el transporte al estado de la Florida de personas que pueden haber ingresado al país sin fiscalización federal.
“El poder único y exclusivo para regular la política de inmigración es otorgado por la Constitución de los Estados Unidos al gobierno federal, no a los estados”, destacó el abogado Chávez.
Varias voces, un solo objetivo
Por su parte el abogado de ACLU de Florida, Amien Kacou, señaló que la SB1718 es un ataque a la fibra de Florida como estado y además se trata de “un acto extremo de extralimitación del gobierno estatal destinado a incitar al miedo y criminalizar a las comunidades inmigrantes”.
Mientras, la directora ejecutiva de Americans for Immigrant Justice, Shalyn Fluharty, dijo que “Florida tiene una orgullosa historia de dar la bienvenida a los inmigrantes, y nuestra prosperidad futura depende de que continuemos por un camino de bienvenida para todas las personas que viven en el Estado del Sol, independientemente de su lugar de nacimiento o estado migratorio. A todos los inmigrantes de Florida: son bienvenidos aquí y los apoyamos”, añadió.
Kate Melloy Goettel, directora jurídica de litigios del American Immigration Council, acotó por su lado refirió que la ley SB1718 fomenta una atmósfera de miedo y hostilidad.
“Nuestra demanda busca garantizar los derechos fundamentales y la dignidad de cada individuo en el estado, independientemente de su estatus migratorio. Nadie debe vivir con miedo o enfrentar discriminación basada de su estatus migratorio, su presunto estatus migratorio o el estatus migratorio de sus familiares”, puntualizó.
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