Muchas son las adversidades que se viven en las naciones que alguna vez se conocieron como “países en vías de desarrollo”, sin embargo a la pobreza estructural se ha sumado la pérdida de valores, situación que ha hecho detonar una despiadada delincuencia que cobra a diario víctimas inocentes y que amenaza la vida de forma indiscriminada.
A la falta de trabajo, el hambre, la depresión económica y los modelos fracasados de políticas de ayudas humanitarias o de asistencias para el desarrollo venidas de otros países, se suma la amenaza a la vida se une a la lista de razones por lo que personas oriundas del Triángulo Norte se aventuran en un viaje peligroso con la ambición de obtener asilo en los Estados Unidos.
A principios de esta semana se conoció la decisión de la Fiscalía General estadounidense, de no permitir que los familiares de una víctima de violencia sean elegibles al asilo como un “grupo social particular”.
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Sobre el particular algunos expertos han advertido que tal postura significa un “daño irreparable” al sistema que brinda asilo en los Estados Unidos, con énfasis en los centroamericanos.
Benjamin Johnson, director de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA), señaló en un comunicado que “sabemos que estos son algunos de los solicitantes de asilo más vulnerables, ya que los padres huyen con sus hijos para protegerlos de la persecución”.
El anuncio de Barr, que se implementará a partir del venidero 3 de septiembre, ha creado una preocupación que se ha extendido especialmente entre aquellos que defienden a los centroamericanos solicitantes de asilo.
Fernando Romo, abogado, de la Asociación de Salvadoreños de Los Ángeles (ASOSAL), con sede en California, explicó que “la mayoría de casos de centroamericanos se basan en las amenazas hechas a un familiar como los padres, los tíos, los hermanos, ahora esas amenazas o incluso la muerte de los familiares de solicitantes no va a servir en estos casos”.
Los países del Triángulo Norte, Guatemala, El Salvador y Honduras, albergan algunos de los esquemas de extorsión más sofisticados de Latinoamérica. El nacimiento de estos mercados extorsivos está entrelazado con los orígenes de las dos pandillas más peligrosas de la región: la Mara Salvatrucha (MS13) y el Barrio 18.
La nueva regla se da tras la anulación por parte del fiscal general de un fallo de la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) que concedió el asilo político a un mexicano que argumentó que su vida corría peligro luego de que su padre fuera amenazado por el cartel de drogas La Familia Michoacana en Ciudad de México.
Al pronunciarse sobre “Aunto L-E-A”, el fiscal general asegura que BIA “reconoció indebidamente a la familia inmediata del padre del demandado como un ‘grupo social particular’ a los efectos de calificar para el asilo”.
Romo resalta que esta clasificación de “grupo social particular” era una de las últimas maneras que los defensores tenían para argumentar ser elegibles para el asilo.
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Jeremy McKinney, vicepresidente de AILA, advierte que “la decisión del fiscal general ignora décadas de jurisprudencia de los tribunales que han concluido que las familias son el grupo social particular “por excelencia” para calificar para el asilo.
Puso McKinney de ejemplo el Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito en Richmond, Virginia, que “tienen una jurisprudencia voluminosa que contradice directamente la decisión de Barr”.
Johnson subraya que “no es exagerado” el gran impacto que causará la decisión y la equipara a las instrucciones dadas el verano pasado por el exfiscal general Jeff Sessions, que reforzó las exigencias para el asilo y dejó fuera a víctimas de violencia doméstica o de pandillas.
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