El gobierno de Nicaragua excarceló este viernes un segundo grupo de 50 presos políticos que estaban detenidos tras las protestas contra el presidente Daniel Ortega del año pasado. La medida tomada por gobierno surge tras un acuerdo con la opositora Alianza Cívica en el marco de un diálogo iniciado hace dos semanas.
En una nota de prensa, el Ministerio de Gobernación anunció que los presos, de los cuales ocho son mujeres, “han recibido el beneficio legal de convivencia familiar (casa por cárcel) u otras medidas cautelares”.
Esta es la segunda excarcelación autorizada por Ortega en las últimas dos semanas. La primera ocurrió el 27 de febrero y en los días siguientes, cuando 112 personas salieron de prisión bajo la misma modalidad, según informes oficiales.
Caravana custodiada
A diferencia de la primera excarcelación, esta vez los prisioneros no pudieron ser vistos por los periodistas ni por sus familiares, que desde temprano aguardaban impacientes en las afueras de la cárcel de máxima seguridad La Modelo, al norte de la capital Managua, sino que salieron en cuatro buses.
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Los autobuses llevaban las ventanas cerradas, lo que impidió a familiares y la prensa comprobar quiénes estaban dentro, y salieron en caravana por la carretera norte, una de las principales arterias de la capital, seguidos de vehículos de familiares y periodistas.
La salida generó un caos entre los familiares que esperaban frente al centro penal, quienes gritaban para exigir información sobre sus parientes detenidos. “Allí va mi hijo, estoy feliz”, exclamó llorando Esperanza Moreno, una mujer de la ciudad norteña de Estelí que llegó a la cárcel La Modelo.
Según una lista proporcionada por el Ministerio de Gobernación, entre los excarcelados no figuran los principales líderes estudiantiles ni campesinos que han protestado contra el gobierno, como tampoco los periodistas Lucía Pineda y Miguel Mora, presos desde el 21 de diciembre.
Varios contingentes de policías y fuerzas especiales antimotines se desplegaron desde temprano en distintos sectores de la capital.
Pablo Cuevas, abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), lamentó que el gobierno haya manejado el hecho “con un secretismo excesivo”. Dijo que la cantidad de personas excarceladas “no es lo que esperábamos”, ya que el gobierno había prometido liberar a “un núcleo apreciable” de detenidos.
La opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) indicó el jueves que la liberación es una decisión unilateral del gobierno en el contexto de las negociaciones para salir de la crisis que vive Nicaragua desde las violentas protestas antigubernamentales del año pasado.
Un sector de la ACJD, formado mayoritariamente por estudiantes, se retiró del diálogo esta semana porque no aprueban una excarcelación gradual, sino que exigen la liberación “inmediata e incondicional de todos los presos políticos”, cuya cifra calculan en unas 770 personas.
Prohibido manifestar
Mientras tanto, la Policía de Nicaragua prohibió la realización de una marcha opositora convocada para el sábado por la coalición opositora Unidad Nacional Azul y Blanco, para exigir “la inmediata liberación” de la totalidad de los presos políticos”.
“La Policía Nacional no autoriza ninguna actividad que genere intranquilidad a las familias nicaragüenses”, indicó la entidad en un comunicado. “Esas convocatorias (…) constituyen la continuidad de provocaciones y crímenes terroristas y golpistas”, añadió. A pesar de ello, los líderes de la Unidad Azul y Blanco anunciaron el viernes que la marcha se llevaría a cabo como está prevista pese a la prohibición de la Policía.
Al anunciar la convocatoria de la marcha, la dirigente de la Alianza Cívica, Azahálea Solís, dijo que la movilización sería “un test para medir la buena voluntad de Ortega. Deben permitirnos marchar y no debe haber represión”, afirmó.
La crisis en Nicaragua estalló el 18 de abril de 2018 con una protesta de universitarios y se extendió por el país tras la violenta acción de policías y paramilitares que dejó al menos 325 muertos, 2.000 heridos, cientos de detenidos y más de 52.000 exiliados, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
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