Hace algunas semanas de informó que el gobierno de Dinamarca sacrificaría a millones de visones. Algunos criadores han tenido que matar a sus animales, otros resisten antes de tener que sacrificarlos.
Pero viven horas sombrías tras la controvertida orden debido a una mutación del coronavirus. El sábado, varios criadores descontentos, y quienes los apoyan, prevén manifestarse con sus tractores en las dos mayores ciudades del país, Copenhague y Aarhus.
Dinamarca es desde hace décadas el país rey del visón, un sector que emergió entre los granjeros en los años 30 para hacer frente a la caída de los precios de los alimentos.
Con el triple de visones que de habitantes, el pequeño reino nórdico es el primer exportador mundial de este sector, por un total de 670 millones de euros (790 millones de dólares) por año, y segundo productor detrás de China.
Este animal apreciado por los peleteros de lujo plantea problemas en la lucha contra la COVID-19: no solamente puede contraer la enfermedad, también puede reinfectar al hombre.
A principios de noviembre, el gobierno danés ordenó, con un tono alarmista, el sacrificio del todos los visones del país, de 15 a 17 millones de animales.
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La razón: una mutación del nuevo coronavirus que puede amenazar potencialmente la eficacia de una nueva vacuna humana, aunque persiste una gran incertidumbre al respecto.
El ejecutivo acababa de saber que esta cepa, llamada “Cluster 5”, había sido detectada en 12 personas en agosto y septiembre en Jutlandia del Norte, por lo que decretó estrictas restricciones locales de desplazamiento.
Desde entonces no se ha producido ningún nuevo caso. El jueves las restricciones fueron finalmente levantadas y las autoridades consideran que la cepa «muy probablemente se ha extinguido».
En Copenhague, el gobierno tuvo que reconocer que no tenía base legal para ordenar el sacrifico de los animales sanos, lo que provocó la dimisión el miércoles del ministro de Agricultura y serias críticas en la opinión pública.
Pero el sacrificio generalizado sigue siendo una medida «no negociable», debido a otras posibles mutaciones, según la primera ministra Mette Frederiksen, que prevé adoptar en el Parlamento un texto que prohíba los criaderos hasta el 1 de enero de 2022.
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