Hasta este viernes 29 de septiembre, el Gobierno de Costa Rica contabilizó el paso de más de 300.000 migrantes irregulares en lo que va del presente año por lo que declaró emergencia nacional con el propósito de agilizar la movilización de recursos para atender la situación. Este grupo humano integra un flujo que atraviesa el continente americano con destino a Estados Unidos.
Rodrigo Chaves, presidente de Costa Rica, firmó el decreto ejecutivo que declara Emergencia Nacional por la crisis migratoria, lo que permite a la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) asumir una serie de medidas administrativas, operativas y económicas para atender la situación.
Datos oficiales de Costa Rica refieren que en lo que va de 2023 han ingresado a ese país por la frontera con Panamá 320.110 migrantes irregulares, de los cuales 214.146, que se traduce en un 68% son venezolanos; seguidos por 37.156 ecuatorianos; 21.255 haitianos; 16.294 chinos; 8.851 colombianos; 2.593 chilenos; 2.536 indios; 2.413 afganos; 2.144 peruanos y 12.722 de otras nacionalidades.
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Según estas cifras emanadas de la Dirección General de Migración costarricense, 274.242 de los migrantes son adultos y 45.868 son menores de edad, reseñan las agencias internacionales de noticias.
El decreto de emergencia nacional impulsa “procedimientos más ágiles para apoyar las labores de las instituciones relacionadas a la protección de las familias que ya se encuentran en las fronteras y la garantía de un tránsito seguro hasta su siguiente punto de la mano con las instituciones”, informó en un comunicado oficial la Casa Presidencial.
El Gobierno de Costa Rica indicó que actualmente trabaja en la habilitación completa del Centro de Atención Temporal para las personas Migrantes (CATEM) en el cantón de Corredores, fronterizo con Panamá, para llevar allí la atención de los migrantes que se aglomeran en la localidad de Paso Canoas al ingresar desde Panamá.
Costa Rica puso en marcha un plan para que los migrantes que ingresan desde Panamá tomen autobuses en Paso Canoas que los llevan hasta Los Chiles, frontera con Nicaragua, sin embargo muchos de ellos no tienen los 30 dólares que cuesta el boleto y se quedan varados en un sitio llamado Campo Ferial donde acampan en condiciones precarias de seguridad y salud.
El Gobierno costarricense anunció este viernes 29 de septiembre que implementará un nuevo plan en el que los autobuses panameños que traen a los migrantes ingresarán hasta el Centro de Atención Temporal de Migrantes (CATEM) para evitar que estas personas queden deambulando por las calles.
Una vez en estén en el CATEM, los migrantes tomarán los autobuses que los llevarán hasta la frontera con Nicaragua para que continúen su travesía por el continente.
El Gobierno también informó que trabaja con organismos internacionales para la instalación de un puesto móvil de atención médica para reforzar las labores que realizan los profesionales de salud de la Caja Costarricense del Seguro Social.
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El presidente Chaves reiteró que su Gobierno deportara a los migrantes que no respeten las leyes en Costa Rica.
“He instruido a las autoridades migratorias para que las personas migrantes que se portan mal, que generen disturbios o le falten el respeto a nuestras autoridades y a la ley costarricense, van de vuelta a su país de origen porque aquí no lo vamos a tolerar”, dijo el mandatario costarricense.
En días pasados la policía detuvo a 27 migrantes por causar disturbios cuando la autoridad impedía sus ventas ambulantes en la localidad de Paso Canoas. El presidente Chaves dijo que a estas 27 personas se les aplicará un proceso de deportación.