El gobierno de Estados Unidos solicitó a la Corte Suprema que le permita revocar el estatus legal de 532.000 migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, que cuentan con permiso de permanencia temporal conocido como “parole”.
En marzo pasado la Administración Trump intentó revocar el estatus legal de estos migrantes que llegaron al país bajo un programa implementado por el expresidente Joe Biden, llamado también CHNV, por las iniciales de los citados países.
John Sauer, asesor jurídico de la Administración Trump, solicitó levantar una orden de un tribunal inferior que impide al Gobierno poner fin a las protecciones humanitarias para los migrantes de estos cuatro países.
La jueza de distrito Indira Talwani impidió el mes pasado que el Gobierno revocara el estatus legal de los migrantes.
En su fallo la magistrada afirmó que el Gobierno hace una interpretación errónea de la ley de inmigración, ya que la expulsión acelerada se aplica a los extranjeros que entran ilegalmente en Estados Unidos, no a aquellos autorizados a permanecer en el país.
El gobierno de Trump también había solicitado a la Corte Suprema que respaldara su propuesta de poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS), que impide deportar a más de 350.000 venezolanos.
Pero en marzo el juez federal de California Edward Chen suspendió temporalmente la decisión de revocar el TPS por estimar que “huele a racismo”.
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Estados Unidos otorga TPS a extranjeros que no pueden regresar a su país de manera segura debido a guerras, desastres naturales u otras condiciones “extraordinarias”.
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