La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó al gobierno del presidente Donald Trump a reanudar la construcción del muro fronterizo en una franja del estado de Texas que abarca un parque nacional de alto valor ecológico.
Con esta resolución, el máximo tribunal estadounidense desautorizó una orden judicial previa dictada por un tribunal federal de distrito, la cual mantenía paralizadas las obras del proyecto de barrera fronteriza en la emblemática región de Big Bend.
A través de un auto emitido sin firma, el máximo tribunal fundamentó su decisión señalando que la medida dictada por el tribunal inferior impedía de manera directa que la administración federal avanzara en sus objetivos apremiantes en materia de seguridad e integridad fronteriza.
En este sentido, la resolución de la Corte enfatizó de forma tajante que el interés del gobierno en resguardar la frontera supera cualquier daño estético, recreativo y ambiental que haya sido alegado por las organizaciones demandantes.
La jueza Ketanji Brown Jackson fue la única integrante del tribunal que presentó una opinión disidente frente al fallo adoptado por la mayoría.
La acción judicial de origen había sido impulsada por la organización Center for Biological Diversity junto a otros grupos ambientalistas. Estas entidades interpusieron una demanda para impugnar la determinación del gobierno federal de eximir el cumplimiento de decenas de legislaciones ambientales vigentes.
El objetivo de dicha exención oficial era acelerar la ejecución del multimillonario proyecto, valorado en 1.700 millones de dólares, a través de los terrenos protegidos del Parque Nacional Big Bend y el Parque Estatal Big Bend Ranch.
Según la planificación trazada por el Departamento de Seguridad Nacional, el proyecto contempla la edificación de barreras físicas, el trazado de caminos de patrullaje, la instalación de sistemas de iluminación y el despliegue de tecnología de detección.
Dichas obras afectarán directamente el Parque Nacional Big Bend, una zona reconocida por sus paisajes y su biodiversidad, hogar de linces, osos negros y cientos de especies de aves.
Las obras habían comenzado en agosto con el despliegue de maquinaria pesada sobre tierras públicas que albergan el famoso Cañón de Santa Elena. Sin embargo, el comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), Rodney Scott, anunció posteriormente una pausa ante la férrea oposición de las comunidades locales.
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El proyecto forma parte del plan integral impulsado por el presidente Donald Trump para concretar el muro en la frontera con México. Tras conocerse el dictamen de la Corte Suprema, Laiken Jordahl, representante del Center for Biological Diversity, calificó la resolución como una decisión horrenda que otorga luz verde a la destrucción de uno de los parajes naturales más emblemáticos del país.
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