La polémica sobre el control de fuego en Estados Unidos sigue siendo un tema de discusión en diversos ámbitos, especialmente en el terreno judicial. Un ejemplo de ello ocurrió en días pasados cuando la Corte Suprema de Florida rechazó la impugnación a una antigua ley estatal que no permite a los funcionarios locales aprobar regulaciones para el control de armas. Este caso fue presentado ante la instancia superior de Justicia floridana por más de 30 ciudades y condados luego del tiroteo mortal de Parkland ocurrido el 14 de febrero de 2018 que dejó saldo de 17 personas muertas y otras 17 heridas.
“No es una función municipal central ocupar un área que la Legislatura se ha adelantado, y los Gobiernos locales no tienen discreción o autoridad legal para promulgar ordenanzas que violen la preferencia estatal”, explicó el juez Ricky Polston en un documento de 25 páginas que muestra el fallo mayoritario de 5 a 1 emitido el pasado 19 de enero por la Corte Suprema del estado de Florida.
Los Gobiernos locales de Florida tienen prohibido, desde 1987, aprobar cualquier regulación de armas que sea más estricta que las leyes estatales actuales sobre armas de fuego. Luego, en el año 2011, otra legislación reforzó a su predecesora con multas de hasta cinco mil dólares por promulgar nuevas regulaciones de armas de fuego a nivel de ciudades o condados.
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Sin embargo en 2018, luego de ocurrido el tiroteo masivo en Parkland que dejó 17 personas muertas en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas, más de 30 ciudades y condados así como decenas de funcionarios locales desafiaron la norma promulgada en 2011. El Tribunal de Apelaciones del Primer Distrito floridano confirmó la ley de 2011 en 2021, y ese dictamen impulsó a las ciudades y condados a acudir a la Corte Suprema estatal.
El caso proviene de tres demandas presentadas por varios condados y ciudades, entre las que se encuentran Gainesville, Tallahassee, Orlando, Fort Lauderdale, Miami Beach y St. Petersburg.
A pesar de que no está relacionada con la ley de 1987, lo que si argumenta la impugnación es que las sanciones promulgadas en la normativa de 2011 son inconstitucionales.
Un duro golpe
En junio del año pasado los jueces de la Corte Suprema de Florida escucharon los argumentos del caso contra el estado, encabezado por la excomisionada del Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor, la demócrata Nikki Fried.
En ese momento el presidente del Tribunal Supremo, Charles Canady, explicó entonces una línea específica de la Constitución que establece que los Gobiernos locales pueden ejercer el poder “salvo que la ley disponga lo contrario”.
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“Nuestros casos son muy claros sobre la superioridad del poder legislativo en este ámbito. Por eso todo este caso es un poco desconcertante para mí, porque lo que ha hecho la legislatura subyacente es esta disposición constitucional expresa”, señaló el juez Canady.
El dictamen del pasado 19 de enero se considera como un “duro golpe” para las 33 ciudades y condados, y decenas de funcionarios locales que argumentaban que las sanciones de la ley de 2011 eran inconstitucionales, según un reporte el medio de comunicación local CBS4.
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