Una pelea estéril se está dando en el estado de Pensilvania, donde un grupo mayoritario de legisladores desea acabar con la Declaración de Emergencia que producto de la COVID-19 decretó el gobernador Tom Wolf, con miras a reabrir la economía y de manera solapada complacer a los votos duros de la derecha.
Las partes en disputas se amenazan entre sí con llevar sus argumentos al Poder Judicial, que tendría la capacidad de dirimir en términos constitucionales cuál de los actores tendría la visión preeminente frente a la pandemia.
Más allá de esta competencia de fuerza, el gobernador Tom Wolf ha dicho que llegado el hipotético día en que los legisladores republicanos sean autorizados a ejecutar su requerimiento, él además de tener el poder de veto, “esta resolución no afectaría la orden del secretario de salud incluyendo las órdenes de cierre de negocios, órdenes de seguridad de edificios y órdenes de seguridad de negocios, y por lo tanto el plan de reapertura por etapas de la administración y las órdenes asociadas se mantendrían en su lugar”, según dijo la portavoz de Wolf, Lyndsay Kensinger, en un correo electrónico.
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En Harrisburg los legisladores desean escenificar una “pelea de pulgares” teniendo en la calle una pandemia. En votos mayoritariamente partidistas, la Legislatura aprobó a finales del martes poner fin a la proclamación de emergencia de Wolf de 3 meses de antigüedad y reiniciar los negocios y otras actividades cerradas mientras la COVID-19 comenzaba a apretar su control sobre Pensilvania. A los minoristas y muchos otros tipos de negocios se les ha permitido reabrir, pero con restricciones.
Los partidarios de la resolución, quienes están animados a eliminar muchas, si no todas, las restricciones de la pandemia, sostuvieron que la ley estatal autoriza a la Legislatura a poner fin a la declaración de emergencia de forma unilateral. Wolf cree que eso todavía requiere su apoyo y prometió el miércoles luchar contra la resolución en la corte.
Bryan Cutler, republicano de Lancaster, líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, dijo el miércoles en un comunicado de prensa, que “si el Gobernador elige violar abiertamente la simple lectura de la ley, examinaremos todas las acciones legales disponibles para actuar en el mejor interés de los residentes del Estado Libre Asociado (ELA)”.
Riesgos implícitos
Desde las oficinas del Gobernador de Pensilvania se estima que los legisladores, o bien no han tomado en cuenta los peligros de su aspiración, o de forma partidista desean correr los riesgos. El asunto se coloca en mala posición cuando se evalúa que una reapertura sin control podría disparar los niveles de contagio por coronavirus y por otro lado cerraría para el segundo estado de la Unión la tan importante ayuda federal.
En una carta anterior a los miembros de la Cámara, Wolf dijo que la resolución que autorizó a la Legislatura pondría en riesgo la financiación federal y “paralizaría la capacidad del ELA para obtener recursos de forma rápida y decisiva”.
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La oficina de Wolf dijo que “desaprobará” la resolución si llega a su escritorio, pero argumentó que gran parte del cierre no se vería afectado.
Los republicanos argumentaron que Wolf se había extralimitado en su autoridad, incluso con un proceso mediante el cual las empresas podían solicitar exenciones que, según ellos, habían sido demasiado secretas.
“Se ha hecho evidente que para todo el estado, estas decisiones están siendo tomadas por un hombre, el gobernador”, argumentó la senadora Judy Ward, republicana de Blair. “¿Cómo podemos permitir que un hombre continúe tomando malas decisiones por millones?”
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