Dos condados californianos han sido los primeros en introducir una demanda en contra de la “nueva regla” de inmigración que le retirará la green card y tornará en personas ilegales a aquellos extranjeros que sean una carga pública.
De acuerdo a los querellantes el punto de vista de la resolución gubernamental provocará que desmejore la salud y el bienestar de sus residentes, aumentarán los riesgos de salud pública y tendrá un impacto financiero.
Esta es la primera acción legal de las muchas que se esperan y que con las que tendrá que lidiar el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS por sus siglas en inglés).
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Los condados de Santa Clara y San Francisco alegaron ante la corte que la medida provocará un “efecto aterrador” en el que los migrantes renunciarán o se darán de baja de los programas federales de asistencia pública para reducir el riesgo de un rechazo en su solicitud de residencia. Eso significaría que el precio de los servicios pasaría de las manos del gobierno federal a las de los estatales.
De acuerdo a Dennis Herrera, fiscal de la ciudad de San Francisco, quien llevó el caso ante la Corte de California, “esta regla obliga a la gente a tomar una decisión imposible: su salud o un futuro mejor con su familia. Todos asumiremos el precio de esta política equivocada”.
De acuerdo a las cláusulas vigentes, las leyes federales actuales requieren que aquellas personas que busquen ser residentes permanentes o recibir un estatus legal comprueben que no representarán una carga para Estados Unidos, una “carga pública” en términos gubernamentales, pero las nuevas reglas agregan varios programas que serían elementos descalificatorios.
Es así que expertos legales aseguran que bajo las nuevas normas, el Departamento de Seguridad Nacional ha redefinido la carga pública como alguien cuya probabilidad de recibir prestaciones sociales por más de 12 meses dentro un periodo de 36 es más alta que la probabilidad de no recibirlas.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS por sus siglas en inglés) sopesará si los solicitantes han recibido ayuda pública junto con otros factores como la educación, salario y salud, para determinar si les otorga un estatus legal.
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De acuerdo a reportes de los medios de comunicación las demandas de los condados californianos no serán las últimas. Al menos así se espera luego de que el Centro Nacional de Leyes Migratorias, con sede en Los Ángeles, prometió interponer una querella sobre lo que describió como un intento para redefinir el sistema de inmigración legal “para privar de derechos a las comunidades de color y favorecer a las acaudaladas”. Los fiscales de California y Nueva York dijeron que también están preparados para tomar medidas. Sin una acción legal, las reglas entrarán en vigor a mediados de octubre.
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