En una sofocante mañana de julio, Rose Wilson de Florida, luchaba por respirar mientras estaba sentada en su cama, con un tubo de oxígeno en su nariz, la luz de su computadora iluminando su rostro.
Wilson, de 81 años, jubilada que trabajó como supervisora de enfermería del departamento de salud pública en el condado de Duval durante 35 años, acababa de ser diagnosticada con neumonía inducida por COVID-19.
Era su cita de telemedicina y al otro lado de la pantalla estaba el doctor Rogers Cain, quien dirige una pequeña clínica familiar en el norte de Jacksonville, un área predominantemente de raza negra donde el coronavirus está impactando fuerte. Cain ya había atendido virtualmente a siete pacientes con COVID durante la mañana.
Cain y Wilson están nerviosos. Durante años, ambos vieron cómo el departamento de salud del condado se quedaba sin dinero y personal, lo que fue dificultando la capacidad de Duval para responder a los brotes. Y ahora enfrentan a COVID-19 en uno de los estados que lidera el alza de casos en los Estados Unidos.
Florida es tanto un microcosmos como una advertencia para el país. A medida que la nación empezó a drenar su sistema de salud pública, la dotación de personal y los fondos cayeron más rápidamente en este estado, dejándolo especialmente desprotegido para la peor crisis de salud en un siglo.
Aunque la población de Florida creció en 2,4 millones desde 2010, el estado redujo drásticamente la dotación de personal de sus departamentos de salud locales, de 12,422 trabajadores de tiempo completo a 9,125 en 2019, según descubrió una investigación conjunta de KHN y The Associated Press.
Los departamentos de salud locales, administrados por el estado, gastaron un 41% menos por residente en 2019 comparado con 2010, según un análisis de datos estatales, cayendo de $57 a $34. Los departamentos de todo el país también han recortado gasto, pero menos de la mitad, según datos de la Asociación Nacional de Funcionarios de Salud del Condado y la Ciudad.
Incluso antes que iniciara la pandemia, ya había menos investigadores disponibles para rastrear y contener enfermedades como la hepatitis. Cuando la ola de COVID-19 inundó Florida, sus principales líneas de defensa ya habían sido diezmadas.
Ahora, los casos confirmados han superado los 588.000 y las muertes superaron las 10.000. La preocupación por el virus hizo que los republicanos cancelaran los planes para la convención nacional en persona en Jacksonville, esta semana.
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Expertos en salud culpan por los recortes de fondos a la Gran Recesión y a una serie de gobernadores que quisieron transferir los servicios estatales financiados con fondos públicos a empresas con fines de lucro.
Y, dicen que, cuando la pandemia recrudeció, el gobernador republicano Ron DeSantis y otros líderes políticos enviaron mensajes contradictorios sobre estrategias de prevención como el uso de máscaras. Las voces dentro de los departamentos de salud estaban amordazadas.
“Lamentablemente, la realidad es que la gente va a morir por la irresponsabilidad de las decisiones que toman las personas que elaboran los presupuestos”, dijo Ron Bialek, presidente de la Public Health Foundation, una organización sin fines de lucro en Washington, DC, que ofrece recursos y formación para mejorar la salud pública.
Los funcionarios estatales no respondieron a preguntas específicas de The Associated Press y KHN sobre cambios en la financiación de la salud pública, ni pusieron a disposición personal para explicaciones más profundas.
El doctor Leslie Beitsch, ex subsecretario del departamento de salud del estado de Florida, dijo que no prepararse para un desastre previsible “es negligencia gubernamental”.
Dado que el virus no respeta fronteras, otros estados sienten los efectos de las fallas de Florida.
A pesar de un movimiento hacia la privatización en la década de 1990, el gasto por persona en salud pública local fue aumentando, alcanzando un máximo de $59 cifra ajustada por la inflación al dólar de 2019.
Beitsch dijo que la tendencia a disminuir continuó bajo los ex gobernadores republicanos Charlie Crist y Rick Scott, impulsada por una creciente creencia en la contracción del gobierno. Scott, ahora senador nacional, dijo a través de un vocero que no se disculpaba por los recortes del departamento de salud, a los que caracterizó como acciones para “que el gobierno sea más eficiente”.
La capacidad de manejar los brotes de enfermedades se ha visto obstaculizada en algunas comunidades de Florida más que en otras debido a esta reducción. Los departamentos que atienden al menos a medio millón de residentes gastaron solo $29 en salud pública por persona en promedio en 2019, en comparación con $90 por persona en aquellos que atienden a 50,000 o menos, una diferencia más marcada que la brecha típica entre departamentos más grandes y más pequeños a nivel nacional, según el análisis de KHN-AP.
El gasto del departamento de salud del condado de Duval fue el equivalente a $34 por persona, un 63% menos que en 2008. Por lo general, alrededor de 22 trabajadores, o el 5% del personal total, se han dedicado a prepararse y rastrear brotes de enfermedades.
“Los acontecimientos actuales demuestran qué malas fueron las decisiones de profundos recortes a la salud pública”, dijo la doctora Marissa Levine, profesora de salud pública y medicina familiar en la Universidad del Sur de Florida. “Realmente han regresado para vengarse”.
Florida tiene ahora más de medio millón de casos de COVID y 35,000 hospitalizaciones. Aunque DeSantis todavía no ha emitido un mandato de usar mascaras faciales, algunos gobiernos locales, como el de Jacksonville, sí lo han hecho.
Chad Neilsen, director de prevención de infecciones en la Universidad de Florida-Jacksonville, elogió al alcalde de la ciudad por el requisito de la máscara, pero señaló que otros condados tienen reglas diferentes y que el mensaje inconsistente genera confusión.
“Tenemos que tener una sola voz y un liderazgo constante si queremos que la gente cambie su comportamiento”, dijo el doctor Jonathan Kantor, epidemiólogo y dermatólogo de Jacksonville.
En cambio, expertos en Florida dijeron que los trabajadores de salud pública han sido silenciados o los altos funcionarios estatales les han indicado qué decir. A los funcionarios de salud locales “se les dice sin rodeos: ‘Cállate'”, dijo Patrick Bernet, profesor asociado de administración de salud en la Florida Atlantic University. “Literalmente, no pueden hablar”.
Beitsch, quien ahora preside el departamento de ciencias del comportamiento y medicina social en la Universidad Estatal de Florida, dijo que esto, y una dinámica similar a nivel nacional, alimenta la politización de la salud pública y el debilitamiento de la ciencia.
Mientras tanto, el número de casos de COVID aumenta.
Con un sistema de salud pública que no está equipado, Wilson, la enfermera de salud pública jubilada, dijo que es responsabilidad de todos sacar a Jacksonville, y a Florida, de la crisis.
“Mi esperanza es que todos comiencen a tomarse este virus en serio, usen su máscara y mantengan el distanciamiento social”, dijo Wilson, cuya condición ha mejorado. “Eventualmente habrá una vacuna. Pero hasta entonces, depende de nosotros ayudar. Y si no lo tomamos en serio, estamos condenados”.
Por: Laura Ungar, Jason Dearen y Hannah Recht
Dearen es reportero de The Associated Press, y Ungar y Recht son reporteras de KHN.
Esta historia es una colaboración entre The Associated Press y KHN, un servicio de noticias sin fines de lucro que cubre temas de salud. Es un programa editorialmente independiente de la Kaiser Family Foundation que no está afiliado a Kaiser Permanente.
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