Ante el desafío que representa la lucha para contener el avance de la COVID-19, no son pocos los países de América Latina que hacen malabares para costear el equipamiento sanitario y hospitalario necesario para frenar la pandemia.
Sin embargo existen dos países latinoamericanos que han encontrado una forma original de conseguir recursos extras. Se trata de Argentina y Colombia que utilizan bienes incautados del narcotráfico y otras actividades delictivas para reforzar sus sistemas sanitarios ante el avance del coronavirus.
Desde autos hasta inmuebles que pertenecían a presuntos criminales son utilizados para trasladar o alojar a enfermos de COVID-19, o para aislar a personas en riesgo debido a la pandemia.
Esta acción se hace posible gracias a una figura jurídica llamada “extinción de dominio”, que aplica a bienes presuntamente adquiridos de forma ilegal. Básicamente permite que las pertenencias mal habidas de personas acusadas de delitos como narcotráfico, lavado de dinero, trata de personas, terrorismo o corrupción puedan quedar a disposición del Estado.
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En Colombia la extinción de dominio se aprobó por ley en 2014 y son administrados por la Sociedad de Activos Especiales. En Argentina se aprobó el régimen a comienzos de 2019 y los bienes están a cargo de la Agencia de Administración de Bienes del Estado.
Otros países como Perú, México, El Salvador, Honduras, Guatemala y Bolivia también cuentan con figuras jurídicas similares en su legislación. Sin embargo, Argentina y Colombia son los primeros que le han dado a este recurso un uso puntual en la lucha contra el coronavirus.
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