Una impugnación realizada por la Asociación de Pistolas y Rifles de Nueva York que desea que se restrinja a los estados el derecho de elaborar regulaciones legales con relación al tema de las armas, recibió el rechazo de trece entidades federales que acudieron al Supremo para hacer sentir sus voces.
La demanda fue presentada por Nueva York con el apoyo de los estados de Connecticut, Illinois, Massachusetts, Maryland, Michigan, Nueva Jersey, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Vermont, Virginia y el Distrito de Columbia.
Los fiscales generales bajo el liderazgo de Nueva York realizaron una diligencia judicial ante el Tribunal Supremo de EE.UU. para defender el derecho de los estados a regular el uso de armas de fuego si están relacionadas con un objetivo gubernamental como la protección de sus ciudadanos.
La Fiscalía General de Nueva York, a través de un comunicado difundido este martes, explica que esta acción es en respuesta a una demanda de la Asociación de Pistolas y Rifles de Nueva York que impugnó ante el Supremo ese derecho de los estados, a pesar de haber sido validado por la Corte de Apelaciones del país.
Puedes leer: La Batalla de Pat Toomey contra las armas podría obtener respuestas legislativas
Los jefes de la vindicta pública en coalición, mostraron su preocupación debido a que la asociación que agrupa a fabricantes y dueños de armas llegó hasta el alto foro luego de haber perdido en 2013 dos demandas contra el estado de Nueva York, en el tribunal federal para el distrito sur en Manhattan y luego en la Corte de Apelaciones de EE.UU.
La liga de fiscales argumentó al alto foro judicial que ese tribunal ha dejado claro que los Gobiernos estatales y locales pueden regular las armas de fuego para hacer frente a diversas circunstancias, como hizo Nueva York.
El estado que aloja a la ciudad de la Gran Manzana hay una ley que restringe el transporte de armas exigiendo que fueran descargadas, bloqueadas y transportadas por separado de las municiones hacia los campos de tiro en la ciudad.
“El derecho que otorga la Segunda Enmienda de la Constitución al porte de armas no impide que el Estado y los municipios promulguen leyes que protejan la seguridad de sus residentes”. Ese fue el alegato central de los fiscales en el documento presentado al Supremo.
Letitia James, la fiscal general de Nueva York, afirmó un comunicado, que “mientras que el presidente Donald Trump, sus aliados en el Congreso y la Asociación Nacional del Rifle (NRA, en inglés) no hacen absolutamente nada, nuestras escuelas, lugares de trabajo, iglesias o centros religiosos se han convertido en campos de exterminio.
Puedes leer: SE Cupp renunció a la NRA: Debemos “hacer algo” con respecto a las armas
Esto es, sostuvo la fiscal, “debido en parte al movimiento de flujo libre de armas, pero Nueva York está de pie y luchando”.
“No solo estamos defendiendo el derecho de los gobiernos estatales y locales de promulgar medidas adaptadas a sus diferentes necesidades, sino, lo que es más importante, su capacidad para frenar la pérdida de vidas sin sentido que sigue atormentando a comunidad tras comunidad, día tras día”, indicó.
Noticias Newswire
