La administración Trump está ganando cada vez más terreno en detrimento de las ciudades negadas a seguir los lineamientos en materia migratoria dictadas por el presidente Donald Trump y ha logrado fallos judiciales contra las regiones que se nieguen a cooperar con su política contra los inmigrantes indocumentados.
El Tribunal de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York autorizó al Gobierno de Donald Trump retener millones de dólares destinados a agencias del orden en las ciudades y estados que se nieguen a cooperar con su política contra los inmigrantes indocumentados.
La decisión compuesta de un legajo de 77 páginas, reconoce la autoridad de Departamento de Justicia de EE.UU. para imponer condiciones a estados y localidades para que reciban las subvenciones del programa federal conocido como “Edward Byrne”.
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El Programa de Subvención de Asistencia Judicial de Edward Byrne Memorial , o JAG, se origina en la Ley de Asignaciones Consolidadas de 2005 . El programa lleva el nombre del oficial de policía de la ciudad de Nueva York, Edward Byrne, quien fue asesinado en el cumplimiento de su deber en 1988 mientras protegía a un testigo inmigrante que acordó testificar contra los traficantes de drogas.
El programa JAG es administrado por la Oficina de Asistencia Judicial de los Programas de la Oficina de Justicia, y proporciona fondos federales de justicia penal a las jurisdicciones estatales, locales y tribales. La financiación está destinada a una variedad de áreas, como personal, capacitación, equipos y suministros.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció a fines de julio de 2017 que más de doscientas ciudades santuario serían descalificadas para recibir subvenciones de Byrne si continúa su incumplimiento con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU.
Varias ciudades impugnaron el cambio en los tribunales y, a partir de noviembre de 2018, los casos en los tribunales de distrito de Nueva York, Pensilvania, California e Illinois se han encontrado para las ciudades, con el Tribunal de Apelaciones del Séptimo Circuito afirmando el fallo del distrito de Illinois.
En febrero de 2020, la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Segundo Circuito revocó el fallo de Nueva York, haciendo posible que el caso vaya a la Corte Suprema.
Comunicado oficial
Según señaló en comunicado oficial el Tribunal de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York, “si bien respetamos a nuestros circuitos hermanos, no podemos coincidir en que al Gobierno federal se le prohíba imponer las condiciones de los fondos federales que están en disputa en este asunto”, señala el documento judicial.
“Estas condiciones ayudan al Gobierno federal a cumplir con las leyes migratorias nacionales y las políticas que sucesivamente han apoyado las administraciones demócratas y republicanas”, agrega.
Con este fallo, se revoca una decisión del juez Edgardo Ramos, del Tribunal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, emitida en noviembre del 2018 a favor de que se le entregara a esta ciudad así como Connecticut, Massachussetts, Washington, Nueva Jersey, Virginia y Rhode Island las subvenciones que reclamaban en la corte.
Estas ciudades santuario, como se conoce a los territorios que protegen a los inmigrantes indocumentados, habían presentado una demanda contra el Departamento de Justicia en el 2017.
Ramos dictaminó entonces que el Gobierno federal no tenía “autoridad legal” para obligar a las ciudades a divulgar información sobre los indocumentados a cambio de recibir las subvenciones del programa federal Byrne, que lleva el nombre de un fenecido policía de Nueva York y fue creado en 2006.
Política fallida triunfa
La acción legal había surgido luego del anuncio del entonces secretario de Justicia Jeff Sessions de que se retendrían los fondos si las ciudades se negaban a dar acceso a oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a las cárceles o no les notificaban cuando un migrante sin documentos fuera a ser puesto en libertad.
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Recientemente, ICE arremetió contra Nueva York por esta política luego de que se dejara en libertad a un migrante que había sido arrestado por agredir a su padre y que luego violó y asesinó a una anciana.
Previamente, se han producido decisiones de tribunales de Chicago, Filadelfia y San Francisco en contra del Gobierno federal.
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